El paquete de reformas con el que Morena, Encuentro Social y PT avalaron que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reconozcan como deuda pública en Puebla fue vetado por el ex gobernador Antonio Gali Fayad.
El oficio que la Secretaría General de Gobierno (SGG) remitió al Congreso fue fechado el 29 de noviembre, es decir 13 días antes de que concluyera la denominada “minigubernatura”.
Las modificaciones hechas a las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aprobaron ante el pleno con 22 votos a favor, la abstención de los cuatro legisladores del PRI y 14 en contra correspondientes a las bancadas del PAN, PRD, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.
La propuesta hecha por la diputada de Morena Olga Lucía Romero Garcí-Crespo implicó la derogación de las fracciones I y II del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública, en los cuales señalaban que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) no alcanzarían el rango de deuda pública en Puebla.
También se reformó el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para frenar que el gobernador haga uso del presupuesto por motu propio, ya que deberá de contar con el voto a favor de dos terceras partes del Congreso para que le aprueben utilizar el erario para nuevos proyectos.
“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, expresa el numeral citado tras su reforma.
Además se incorporó en la fracción XXII del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que los PPS se consideren como parte de la “información relativa a la deuda pública”.
Fue durante el gobierno de Rafael Moreno Valle que en Puebla se pusieron en marcha los PPS, esquema bajo el que se concretó la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de la armadora automotriz Audi y el Museo Internacional del Barroco (MIB), obras que costaron 22 mil 554 millones de pesos y que el gobierno estatal pagará en un periodo de 25 años.
