El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Fernando Chevalier Ruanova defendió la resolución que él y sus compañeros aprobaron en octubre pasado para ratificar a la panista, Martha Erika Alonso Hidalgo, como gobernadora electa, al asegurar que fue una decisión apegada a la legalidad.
El 10 de octubre por unanimidad el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó a Martha Erika Alonso como gobernadora electa, luego de que desechó la impugnación presentada por Morena y su candidato Luis Miguel Barbosa, en la que pedían la nulidad de la elección.
Y el 21 de octubre, la Sala Superior del TEPJF aceptó las impugnaciones presentadas por Miguel Barbosa Huerta y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en contra de la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
Entrevistado al culminar el Informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; Fernando Chevalier insistió en que la ratificación del triunfo de Martha Erika Alonso es legal: “Nosotros aprobamos una resolución estrictamente jurídica, apegado a la legalidad. Eso es lo que puedo confirmar, es una resolución que tiene un contenido, una forma, un fondo adecuado, constitucional, jurisdiccionalmente hablando en materia electoral correcta”.
Cabe recordar que el pasado 2 de diciembre, el magistrado del TEPJF, José Luis Vargas Valdez dio a conocer su proyecto sobre el caso de Puebla, en el que propone la anulación de la elección, revocar el triunfo de Martha Erika Alonso y destituir a los consejeros electorales.
Al preguntarle si el proyecto de José Luis Vargas le corrige la plana a la resolución del TEEP, Fernando Chevalier respondió: “Estaremos respetuosos de la decisión que emita el TEPJF. Es materia de interpretación, habría que revisar la sentencia ahora que se publique en su totalidad para saber cuáles son los aspectos técnicos que ellos analizaron, sería especular pronunciarnos en algún sentido y de mi parte sería muy irresponsable pronunciarme cuando ni siquiera ha habido sesión para tratar el tema, esa es opinión solo del magistrado ponente, ni siquiera de la circulación del Pleno”.
Finalmente, consideró que José Luis Vargas se equivocó al hacer público su proyecto, e indicó que los magistrados están impedidos por ley para dar a conocer documentos que no han sido presentados ante el Pleno de algún tribunal.
“Legalmente estamos impedidos para hacer público un proyecto que todavía guarda esa categoría de publicitación posterior a una sesión, cosa que no ha ocurrido, considero que fue una decisión unilateral precipitada del magistrado, somos órganos con autonomía, pero respeto lo que ellos van a decidir”.
“Considero que no debió haberlo hecho porque no se ha publicitado, no ha habido sesión, no era el procedimiento adecuado”.
