De mentira en mentira o de verdades a medias, así ha ido creciendo, hasta alcanzar dimensión internacional, el escándalo por el peregrinar de restos humanos descompuestos en Jalisco.
El ir y venir de un tráiler que contenía 157 cuerpos supuestamente en refrigeración, más las condiciones en las que se encuentran más de 100 restos humanos en otro vehículo apostado el patio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), han puesto al Gobierno de Jalisco, que lidera el priista Aristóteles Sandoval Díaz, en el ojo del huracán, y como ejemplo de la negligencia y falta de capacidad de los gobiernos para ocuparse integralmente del tema de la violencia, acusaron organizaciones civiles y de padres de desaparecidos.
Los choferes encargados de trasladar los restos humanos por tres municipios de la entidad fueron advertidos que era una operación ilegal, y les pidieron que “cerraran el hocico”.
Sabía el Fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, ahora destituido. Sabía el Gobernador Aristóteles Sandoval. Recibían instrucciones directas de la Fiscalía para mover los cadáveres de un lado a otro, dijo uno de los choferes, que ayudó al traslado de cuerpos, a periodistas del sitio jalisciense Cabecera.mx.
–En algún momento, ¿alguien les dijo que se mantuvieran sigilosos porque se estaba procediendo de una manera inadecuada? –le preguntó al chofer un reportero.
–Sí, claro. Por eso es que le digo que a mí me da miedo platicar esto. A nosotros nos hicieron saber que si abríamos el hocico, algo nos podría pasar. Así nos lo dijeron, con esas palabras. Nos lo hicieron notar unos tipos de una camioneta de la Fiscalía. “Ustedes cállense, cierren el hocico, se les va a pagar bien”.
Sin embargo, el Gobernador de Jalisco no ha reconocido responsabilidad alguna.
No estoy dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacuden y horrorizan a la opinión pública. La acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto tiene una lógica de negligencia, indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Las determinaciones que he tomado estos últimos días buscan ser sanciones que se ajusten a la dimensión de estas anomalías, dijo Sandoval Díaz ayer, al anunciar el cese de Raúl Sánchez Jiménez, Fiscal General de la entidad.
Dos días antes, el Gobernador había despedido a Luis Octavio Cotero Bernal, quien fungía como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCG).
El Gobernador dijo también que no sabía de las condiciones en que se encontraban las instalaciones del IJCF.
No estoy dispuesto a tolerar estos errores. La acumulación de cuerpos en las instalaciones tiene una lógica: negligencia, dijo el 19 de septiembre.
Sin embargo, Cotero Bernal dijo que él alertó tanto a la Fiscalía General como la Secretaría de Gobierno la urgencia de construir un espacio donde se pudieran inhumar los cuerpos porque eran demasiados.
También detalló que por la visita de integrantes de organismos defensores de derechos humanos a Jalisco, los cuerpos que permanecían en el suelo de una área del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense, sin refrigerar, fueron movidos al tráiler que se encuentra en el patio de la institución.
“Son los que estaban guardados por ahí, y llegaron y los aventaron para que no los vieran en las instalaciones del edificio. Estaban en el edificio, pero fueron y los aventaron al camión así como se ven [en las fotos que circulan en redes sociales y en la prensa], eso yo jamás lo hubiera permitido (…) Es lamentable que estén cubriendo sus cosas de esta manera tan atroz”.
En tanto, Roberto López Lara, Secretario de Gobierno de Jalisco, confirmó, sin aceptarlo literalmente, que sabía de la situación.
El funcionario explicó en una de las primeras reacciones a la prensa, luego de que estallara el escándalo, que el contenedor fue dejado en el predio de Tlajomulco de Zúñiga, a la espera de la construcción de un “campo experimental forense” en el municipio de Tonalá, donde el Gobierno estatal pretendía tener nichos para inhumar y cremar hasta 700 cadáveres no identificados.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió un acta de investigación por los hechos y recordó que el 21 de marzo pasado emitió una recomendación en la que ya le exigía al Gobierno estatal tener un cementerio forense para los cadáveres que son resguardados por la autoridad ministerial.
La CEDHJ pidió al IJCF que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, establezcan un cementerio forense para realizar, conforme a los protocolos correspondientes, las inhumaciones de aquellos cuerpos que aún no han sido identificados por sus familiares, expuso el organismo en un comunicado difundido hace tres días.
También advirtió a las autoridades del estado de asegurarse que, antes de la inhumación, deben estar “debidamente tomados y capturados los registros de datos completos y correctos, incluyendo los perfiles genéticos de ADN”.
LA MORGUE DE LA INDIGNACIÓN
El 17 de septiembre, Luis Octavio Cotero fue cesado como director del IJCF, luego de que un tráiler con 157 cuerpos supuestamente refrigerados rondara por diferentes puntos de Guadalajara y de municipios connurbados de la capital jalisciense.
El vehículo con caja de refrigeración estuvo estacionado durante meses –no se sabe con precisión cuántos– en el patio del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses, debido a que los cuerpos sin reconocer ya no caben dentro de sus instalaciones. El Instituto tiene su sede en la calle Batalla de Zacatecas, número 2395, en el Fraccionamiento Revolución del municipio de Tlaquepaque.
Una segunda caja con más de 100 cuerpos, se informó después, se halla estacionada en el patio del Instituto, lo que significa que hay aproximadamente 300 cuerpos hacinados en esas cajas refrigerantes.
La caja que deambuló por la entidad con restos humanos fue sacada del IJCF la noche del 4 de septiembre pasado. De acuerdo con la información que se ha consignado en la prensa, el vehículo estuvo resguardado por personal de la Fuerza Única de Jalisco en una bodega de la colonia Duraznera, situada también en Tlaquepaque, pero ante los reclamos de vecinos inconformes por los malos olores que despedía, la Alcaldesa María Elena Limón García exigió al IJCF que se moviera.
Así, la noche del viernes 14 de septiembre el vehículo fue trasladado a una brecha a espaldas del Fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí quedó varada sólo la caja con los cuerpos.
En unas horas los reclamos de vecinos subieron de tono, y varios de ellos denunciaron con fotos y videos en las redes sociales la presencia de la caja abandonada y los olores fétidos, además de que observaron manchas de sangre y otros líquidos.
Fue entonces que estalló el escándalo que hoy ya ha tomado dimensión internacional.
El domingo 16 de septiembre esa caja fue enviada a una bodega de la Zona Industrial de Guadalajara, por cierto muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que se ubica en Calle 14 número 2550, en esa misma Zona Industrial.
Ya despedido, Cotero Bernal Cotero se deslindó de cualquier responsabilidad por el abandono de los cuerpos y acusó a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno del priista Aristóteles Sandoval de no hacer lo necesario para que los cadáveres estén preservados en refrigeradores adecuados o inhumados en un cementerio forense.
Se estaba buscando un lugar decorosamente para inhumar los cuerpos una vez que se construyera un cementerio, pero a la fecha está suspendida la obra y no se tiene un lugar donde construir, aseguró el ex ahora funcionario.
De acuerdo con los medios locales, Cotero afirmó en rueda de prensa que la orden de sacar el tráiler con 157 cuerpos fue de la Fiscalía del Estado, pues legalmente a esa dependencia corresponde el resguardo de los cuerpos.
Quien lo ordenó debe ser la Fiscal Central o el Fiscal General; no hay ningún documento [un informe del movimiento del tráiler], a mí no tenían que darme ningún documento, ellos son quienes disponen, fue provisional que fueran a dar ahí [al Instituto] para ser dictaminados. explicó.
Además, detalló, fue la noche del 4 de septiembre, que llegaron dos patrullas para sacar el tráiler cuando ya sólo estaba en la sede del IJCF el responsable de seguridad de las instalaciones.
RECLAMOS CONTRA EL GOBERNADOR
Luego de que detonara el escándalo, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó al Gobierno de Aristóteles Sandoval información sobre los cuerpos que se hallan hacinados en los tráileres.
En un un documento exigió el número de carpetas de investigación a las que corresponden los cadáveres.
El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que los cuerpos de las personas no identificadas y/o entregadas a sus familias reciban un trato digno, expuso.
Además, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Jalisco exigió al Gobernador que explique si existen más tráileres con personas fallecidas deambulando por Jalisco.
El coordinador del grupo parlamentario blanquiazul, Miguel Monraz Ibarra, afirmó que la destitución de funcionarios no es suficiente y explicó que existe la sospecha de que hay más vehículos refrigerantes con cuerpos y eso lo debe explicar Aristóteles Sandoval.
También dijo que hay otros que deben irse de su cargo y que en lugar de citar a comparecer al Secretario de Gobierno Roberto López Lara, como propuso Movimiento Ciudadano, lo que se debe exigir es una explicación del mismísimo Gobernador Aristóteles Sandoval a quien llamó a no lavarse las manos por esta crisis.
