El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez reconoció que si el Poder Judicial de la Federación absuelve a José María Sosa Álvarez del feminicidio de Paulina Camargo Limón, acatarán el fallo y tendrán que darle cumplimiento a la resolución.
En breve entrevista, Sánchez Sánchez aclaró que los tribunales federales son los que determinarán si el joven queda libre o continúa en prisión.
Sin embargo, aseguró que el TSJ estará al tanto para darle cumplimiento a la sentencia.
Las resoluciones que remiten los tribunales federales competen a su orden de gobierno, lo que decida la Justicia Federal es competencia de ellos. Nosotros como Tribunal de Justicia estamos para impartirla en los términos de la Constitución y de las leyes locales y las nuevas legislaciones. Estaremos atentos al fallo que emita la justicia federal y por supuesto tendremos la obligación constitucional de acatarlo pero es una determinación en el sentido que este salga (...) Será una determinación federal y lo que remita, nosotros tenemos la obligación de darle cumplimiento, concluyó.
En estos momentos, se lleva a cabo la audiencia en la que el Poder Judicial Federal definirá si "Chema" Sosa saldrá en libertad o seguirá preso por el supuesto feminicidio de su novia Paulina Camargo Limón, la joven embarazada que desapareció en agosto de 2015,
VER: Magistrados definen hoy si Chema Sosa será o no absuelto por el feminicidio de Paulina Camargo
PÁGINA NEGRA publicó que la defensa de Sosa Álvarez presentó una queja en agosto de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades de Puebla, según consta en el expediente 1576/2017.
Detallaron que la queja es por mantenerlo privado de su libertad por más de dos años y siete meses acusado del feminicidio de la joven, pese a los cuatro amparos que ha ganado y que hasta la fecha no se ha dado con el paradero Camargo Limón.
La defensa también acusa a la FGE por actos de tortura, violaciones a la dignidad y a los derechos humanos de José María Sosa, así como el impedimento a su familia de verlo, pues la autoridad poblana jamás buscó a Paulina Camargo, quien estaba embarazada al momento de desaparecer, impidiéndole a José María Sosa confirmar si era el padre.
