Tehuacán se convirtió el día de ayer en el cuarto municipio poblano donde el gobierno del Estado decidió intervenir, debido a que las autoridades locales estaban coludidas con las bandas del crimen organizado y los delitos de alto impacto se encontraban por encima de la media estatal.
En los últimos tres meses San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Tehuacán, son los tres municipios en los que, por decreto del gobernador Tony Gali Fayad, el Estado asumió el control. Sin embargo, en Amozoc, tras la ejecución de seis policías municipales, dos mandos de la corporación fueron detenidos y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal suplantó a ambos mandos.
En Amozoc, a pesar de que se realizó un operativo, las autoridades estatales no asumieron el control; según explicaron en su momento, porque no detectaron irregularidades en el registro de los policías, quienes sí contaban con las pruebas correspondientes.
Estas cuatro intervenciones ocurrieron en menos de medio año y en cada uno de los municipios, ocurrió algún hecho trascendente que provocó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado decidiera implementar los operativos.
Tehuacán
La mañana de ayer 22 de agosto, por decreto del gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementó un operativo en el municipio para asumir el control debido a los altos índices de delincuencia y la omisión de las autoridades municipales, quienes se presume, estaban coludidas con las bandas del crimen organizado.
El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, informó que en Tehucán, los delitos de alto impacto se encontraban muy por encima de la media estatal y esta situación provocó que las autoridades estatales intervinieran, pues para ellos lo más preocupante era que las autoridades municipales no hacían nada al respecto.
El funcionario explicó que en un año, el robo de autopartes creció en Tehuacán hasta el 300 por ciento; el asalto a transeúnte en 1,914 por ciento; robo a transporte público 122 por ciento; lesiones dolosas 545 por ciento; asalto a negocio 38 por ciento; a transportistas 71 por ciento y en lo que va del año se tienen registrados al menos cinco secuestros.
Omisión o contubernio de las autoridades municipales son las razones por las que se realiza el operativo, declaró Carrasco Altamirano.
Tehuacán reportaba un total de 368 policías municipales de los cuales, 255 fueron detenidos y d los 113 restantes, no se sabe nada al respecto. Hasta el cierre de esta edición, el titular de la SSP, Jesús Morales Rodríguez, confirmó que de los detenidos ya habían detectado a 20 policías que no contaban con ninguna prueba y estaban usurpando funciones. La evaluación de los uniformados asegurados aún no terminaba, por lo que se cree que está cifra puede aumentar.
Al llegar al municipio, las autoridades se percataron que se realizaba el pase de lista a los policías en dos lugares distintos cuando este solo se debe realizar en la Comisaría. Entre otras irregularidades, detectaron que el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de Tehuacán (CERIT) no estaba conectado al C5 Estatal y además, contaba con una línea falsa que no estaba ligada a la Policía Municipal por lo que había un mando dentro de la corporación que decidía qué reportes iban a atender y cuáles no.
El Juez Calificador también estaba coludido, pues en vez de poner a disposición de un Ministerio Público a las personas detenidas que llegaban a él, fungía como “filtró” para decidir quienes sí realizaban un delito y quiénes no.
El director de Seguridad Pública, Marco Antonio López Alfaro y el director de Tránsito Municipal, Enrique Ximello Salaya no se encontraron durante el operativo. Jesús Morales Rodríguez informó que se iba a girar un oficio para requerir su presencia y que al igual que el director del CERIT, iban a ser destituidos de sus funciones.
Por el momento, está por confirmarse cuántos uniformados quedan a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar una investigación en su contra y no se descartó que la priista y presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández, sea investigada.
Ciudad Serdán
La mañana del 21 de junio, también por decreto del gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) liderada por Jesús Morales Rodríguez, ingresó al municipio de Ciudad Serdán para asumir el control.
Aquí, la decisión fue tomada después de los hechos violentos ocurridos en la zona como asalto a trenes, el hallazgo de una cabeza humana en una de las entradas principales a la población, constantes secuestros, feminicidios y el libre paso de la banda de Roberto de los Santos, “El Bukanas”, uno de los capos huachicoleros más buscado por las autoridades de Puebla y Veracruz.
En total, 17 policías fueron detenidos por supuestos nexos con el crimen organizado y entre ellos, también se encuentran Alejandra Ramos, directora de la Secretaría de Seguridad Pública e Ignacio Tobón, quien fungía como supervisor de Seguridad Pública en Ciudad Serdán a pesar de que esa función no existe dentro de la dependencia.
En el caso de Ignacio Tobón contaba con antecedentes penales por lesiones, abuso de autoridad y tenía una orden de aprehensión vigente.
Solo Alejandra Ramos fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas y el resto de los detenidos por usurpación de funciones.
La mayoría de ellos se encuentra en prisión, pero ayer, el fiscal Víctor Carrancá Bourget declaró que dos de las personas detenidas obtuvieron suspensión condicional del proceso, aunque no especificó de quiénes se trata.
VER: Vinculan a proceso a 17 de tenidos en el operativo de Ciudad Serdán
Amozoc
Aunque en este municipio no hay decreto por el cual el Estado haya asumido el control, el pasado 15 de junio, seis policías municipales fueron ejecutados y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) entregó el mando de la Comisaría al Oficial Gumersindo Rodríguez Santiago y por parte de Tránsito Municipal, al Inspector Manuel Martínez Reyes.
Los dos mandos nombrados, explicó la SSP, llegaron como apoyo pues a diferencia de los otros municipios, los policías de Amozoc sí contaban con los requerimientos necesarios para fungir como autoridades.
La intervención de las autoridades derivo después de que en una presunta emboscada, los policías Alejandro Muñoz Antonino, Arturo Hernández Gallardo, Martín Estudillo Vergara, Laura Rojas Romero, David Ortega Melchi y Miguel Montes Anaya fueron ejecutados.
Por estos hechos se detuvo al comisario Javier N. y el comandante Alfredo N. Durante las audiencias de los dos mandos, se supo que dos de los policías ejecutados habían denunciado en varias ocasiones que sus superiores; es decir, Javier y Alfredo, estaban coludidos con las bandas que se dedican a robar gas L.P en la zona y les prohibían intervenir cuando detectaban que alguna pipa estaba cargando combustible ilegalmente.
Incluso, estas quejas y escrito llegaron al presidente municipal, José Cruz, quien ya sabía la situación que se vivía en el municipio y no hizo nada al respecto. Actualmente, Javier y Alfredo se encuentran en el penal y fueron vinculados a proceso por el delito contra la administración de justicia y otros ramos del sector público en agravio de la procuración de justicia.
San Martín Texmelucan
A las 06:00 horas del 2 de mayo circuló el decreto por el cual, por primera vez, el gobernador del estado de Puebla asumiría el control de un municipio: San Martín Texmelucan.
La aparición de cuerpos desmembrados, narcomantas, asaltos, secuestros y homicidios, la operación de bandas del robo de hidrocarburo y hasta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocaron que San Martín Texmelucan se convirtiera en el principal foco rojo de Puebla y tras un operativo implementado por la SSP en coordinación con la FGE, se detuvieron a 185 elementos de la policía municipal de los cuales, solo 49 pasaron sus controles de confianza.
Entre los detenidos se encontraban el comisario Miguel Ángel N., y el director de Seguridad Pública, Sinué Jerónimo N. Debido a los hechos violentos, el municipio quedó bajo el resguardo de 500 elementos de diferentes corporaciones: Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva, Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública.
De los 136 presentados ante la FGE, finalmente 117 fueron vinculados a proceso y 109 quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El comisario y el director fueron vinculados a proceso por cohecho y abuso de autoridad pero después de unos meses se les imputaron también delitos contra la administración de justicia y conspiración.
VER: Cronología: Cinco días de la intervención del gobierno en San Martín Texmelucan, el foco rojo del CJNG
Después del operativo, se realizaron cateos en la Comisaria de Seguridad Pública donde se recuperaron indicios importantes para la investigación como son: siete equipos de cómputo, una lap top, un sistema de grabación interna de cámaras de video vigilancia de las instalaciones, tres archivos con partes de novedades e informativos que no eran reportados a las autoridades estatales. También se realizó un cateo en las oficinas del Ayuntamiento.
Mientras tanto, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez, solicitó licencia por 90 días. Dijo que su salida era para “no entorpecer” las investigaciones y negó estar involucrado con el crimen organizado.
El alcalde fue señalado por los familiares de los policías detenidos como el principal responsable de la detención, fue él quien decidió registrarlos como agentes viales para evitar que aprobaran sus pruebas de confianza a pesar de que desempeñaban funciones de un policía municipal.
