El sacerdote chileno Oscar Muñoz, de 56 años, con esposas en las manos fue trasladado a la cárcel desde los tribunales de la ciudad de Rancagua, a unos 100 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Esta mañana el religioso fue formalizado por abusos sexuales reiterados contra menores y estupro, por lo que estará al menos 180 días con prisión preventiva, arriesgando una pena de privación de libertad que podría llegar a los 15 años, según detalló el fiscal Emiliano Arias.
Es un nuevo golpe a la Iglesia católica local que este 2018 no ha cesado de estremecerse, porque Muñoz era hasta enero pasado el canciller del arzobispado de Santiago y, por lo tanto, parte de la jerarquía y mano derecha de los principales líderes. En ese papel que ejerció desde 2011 debió conocer de primera fuente los casos de abusos sexuales que explotaban en la institución, incluida la trama de mayor simbolismo, la del influyente Fernando Karadima.
“Muñoz como canciller nos tomaba declaración”, escribió en Twitter una de las víctimas, Juan Carlos Cruz.
En el ejercicio de ese cargo, “conocía qué hacer, qué no hacer, cómo manejarse. Cómo poder, en definitiva, asegurar su impunidad”, indicó el fiscal.
Se trata de cinco casos de abusos contra menores, aunque la Fiscalía señala que no son las únicas víctimas. Muñoz los conocía desde pequeños, incluso desde el nacimiento, porque algunos de los varones abusados serían sus parientes. Según el fiscal Arias, los abusados tenían inexperiencia sexual, estaban en plena etapa de formación y fueron atacados mientras se encontraban bajo el cuidado del sacerdote, dada la confianza que le tenían los padres.
“No es menor que se hayan cometido los delitos al interior de la Iglesia, al interior de casas parroquiales. Delitos gravísimos y reiterados”, agregó el investigador.
Los delitos se habrían producido tanto en la capital chilena como en Rancagua y no están prescritos, como suele suceder en este tipo de casos. Muñoz era guía espiritual de sus víctimas, entre las que se encuentran dos niños que en algún momento fueron sus acólitos.
La Iglesia local enfrenta una crisis profunda y que ha estado bajo la mirada del Vaticano, que ha hecho de Chile una especie de laboratorio de una histórica limpia. A comienzos de año, la polémica visita del Papa al país sudamericano terminó con una orden del Sumo Pontífice de renovar una institución marcada por los casos de abusos sexuales y encubrimientos.
Hasta ahora Francisco ha aceptado cinco renuncias de las 34 que le fueron presentadas en bloque en mayo pasado. Pero en paralelo se han seguido conociendo nuevas tramas, como la de una cofradía de 14 sacerdotes que se hacía llamar La familia y que con una estructura piramidal se aprovechaba de sus víctimas. Era liderada por la abuela y en la escala luego le seguían las tías, las hijas y las nietas.
En las últimas semanas se han producido a su vez hechos inéditos, como la decisión de la Fiscalía chilena de allanar las oficinas del arzobispado de Santiago, de tribunales eclesiásticos y de episcopados de diferentes ciudades del país, en búsqueda de antecedentes sobre abusos sexuales. Las últimas de estas diligencias se produjeron este viernes en las localidades sureñas de Temuco y Villarrica, en la región de la Araucanía.
La Fiscalía chilena ha allanado las oficinas del arzobispado de Santiago, los tribunales eclesiásticos y los episcopados en búsqueda de antecedentes sobre abusos sexuales
La detención de Muñoz representa un nuevo golpe y siembra la duda sobre el conocimiento de este caso de las actuales autoridades de la Iglesia y de algunos sacerdotes nombrados recientemente por el Papa para liderar la limpieza que pretende llevar a cabo en la Iglesia local. “Siento un dolor muy grande por él, por su familia, por las víctimas”, indicó el cardenal Ricardo Ezzati, líder del catolicismo chileno.
El sacerdote encarcelado se auto denunció a comienzos de enero pasado, pocos días antes de la llegada del Papa a Chile. En ese momento fue apartado de sus funciones y la Congregación para la Doctrina de la Fe inició una investigación canónica en el Vaticano. La Iglesia católica, sin embargo, no denunció los hechos a la Justicia, pese a que el propio Muñoz había informado de los delitos. Fue la Fiscalía la que abrió de oficio una causa y el 13 de junio se produjo el primer allanamiento a las oficinas de la Iglesia en busca de antecedentes que fueron cruciales para lograr la detención.
“Existe un sistema de investigación paralela de la Iglesia Católica, con cesiones que sin duda no son eficientes para que no se sigan cometiendo los delitos. Eso está absolutamente claro, tanto en el escenario mundial como en Chile”, señaló el fiscal Arias.
