Gumecindo N., el supuesto abogado detenido el lunes 29 de enero en la zona de Ciudad Judicial, fue vinculado a proceso por el delito de fraude. En audiencia de control en la Casa de Justicia Centro se ordenó la prisión preventiva, por lo que fue ingresado al penal de San Miguel en la capital de Puebla.
El imputado forma parte de una red de litigantes que utilizaron información privilegiada dentro del Poder Judicial de Puebla para cometer una serie de irregularidades en los juzgados estatales, lo cual mantiene bajo sospecha incluso a funcionarios del Poder Judicial.
A Gumecindo N., se le acusó de fraude por un monto de 300 mil pesos en una audiencia que se celebró esta mañana en la sala número 15 de la Casa de Justicia Centro en Puebla.
Durante la audiencia, se determinó que el imputado mintió en sus datos generales al momento de su primera declaración con los agentes de la Fiscalía Anticorrupción, dependencia de la Fiscalía General del Estado.
Entre las mentiras detectadas por las autoridades, se confirmó que Gumecindo N. carece de título como abogado y no contaba con cédula profesional que lo acreditara para litigar en los juzgados.
El juez de control consideró que, debido al engaño en sus datos generales, el monto del fraude y que no pudo comprobar arraigo en Puebla, debía ir a prisión preventiva. Además, autoridades penitenciarias confirmaron su ingreso formal al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla.
Como PÁGINA NEGRA informó, Gumecindo N., fue detenido el martes 30 de enero. De acuerdo a lo informado por fuentes de este diario digital en el Poder Judicial, forma parte de una serie de funcionarios no contratados formalmente a través de quienes se realizan triangulaciones y presuntos actos de corrupción, por lo que al ser detectado fue denunciado por el propio Tribunal Superior de Justicia.
Además, a la llegada del magistrado presidente Héctor Sánchez Sánchez, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia detectó una serie de irregularidades entre ellas la contratación de 150 plazas sin justificar durante la administración de Roberto Flores Toledano, así como la adjudicación directa de varios contrados por aproximadamente 29 millones de pesos, aprobados el último día de su gestión en el Poder Judicial de Puebla.
