Por encarcelarlo sin causa aparente, el alcalde auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Velázquez prepara una denuncia por falsedad de declaraciones en contra de las personas que prestaron su testimonio para que se iniciara la investigación en su contra por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, y su titular, Víctor Carrancá Bourget.
El alcalde de la junta auxiliar perteneciente a Puebla fue perseguido y detenido el 31 de octubre de 2014 por supuestamente cometer los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad.
El despacho de abogados Corporativo Ramírez Téllez y Asociados representará al alcalde auxiliar de Canoa en su litigio donde se acusará inicialmente a vecinos de Canoa quienes, presuntamente fueron obligados para señalarlo por delitos que no había cometido y con lo que la Procuraduría General de Justicia inició una investigación en su contra la cual provocó su detención y después su ingreso al penal de San Miguel en donde estuvo 14 meses.
Raúl Pérez Velázquez fue parte del movimiento que integró a los ediles auxiliares en la Coordinación Estatal por la Defensa y la Identidad de los Pueblos (Cedip) en la que diversas autoridades de pueblos originarios comenzaron a organizarse contra el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que promovió la desaparición de registros civiles en las distintas juntas auxiliares.
El edil auxiliar encabezó su propia resistencia en Canoa y apoyó abiertamente a los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan tras el violento desalojo de la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio del 2014.
La detención
Al notar que comenzaba a ser perseguido por su abierta oposición al gobierno de Moreno Valle, logró obtener un amparo para evitar ser detenido ante el Juzgado Tercero de Distrito. La justicia federal le otorgó el amparo número 1671/2014 contra cualquier orden de aprehensión pero esto no importó a las autoridades estatales.
Pérez Velázquez fue citado el 31 de octubre para una reunión en las oficinas de Obra Pública Municipal y a la salida de las oficinas del Ayuntamiento en la zona de la avenida Prolongación Reforma, 15 agentes ministeriales lo detuvieron.
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Tras su aprehensión se generó una revuelta en Canoa y se clausuró el inmueble de la presidencia auxiliar, que a más de un año sigue sin prestar ningún servicio, pues al edil auxiliar designado por el Cabildo no se le ha permitido trabajar desde dichas instalaciones. Además, las autoridades municipales fracasaron en sus tres intentos por reabrirla.
Al alcalde se le acusó por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, pero no pudieron ser comprobados y el 26 de diciembre de 2015, las autoridades permitieron su libertad tras pasar 14 meses en prisión.
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A su salida, ya con el gobierno de Tony Gali Fayad, se le permitió regresar como alcalde de la junta auxiliar y su mandato terminará a finales de enero del 2019.
