Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que el robo de combustible se ha vuelto un problema complejo que trasciende su competencia; es ya, advirtió un problema de seguridad nacional.
En un documento que envió a la Comisión Permanente, del que da cuenta La Jornada, la petrolera consideró que para combatir el flagelo se necesita la estrecha colaboración de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno.
En este sentido, al Legislativo solicitó un marco legal que permita endurecer las penas.
En respuesta a una solicitud de información de la Permanente, Pemex advirtió que mediante tomas clandestinas se han robado 12 millones 487 mil barriles de gasolinas.
En el escrito, detallan en su nota Andrea Becerril y Víctor Ballinas señalan que la empresa advirtió que el valor estimado de las pérdidas por la extracción ilegal de combustible en los pasados tres años es de 20 mil millones de pesos, a los que se suman 4 mil 234 millones que debió erogar entre 2010 y 2016 por la reparación de ductos.
La petrolera precisó que a 48 de sus trabajadores se les se iniciaron procesos administrativos por estar involucrados en el saqueo de ductos. Asimismo, rescindió el contrato a 11 gasolineras y revisó los casos de 13 más, que comercializaron los hidrocarburos sustraídos ilegalmente.
Indicó que también que desde 2016 hay una estrategia del Gobierno federal para atacar el robo de combustible, en el que participan la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa, Marina, Energía y Hacienda, quienes llevan a cabo acciones en las regiones donde se ubican los tramos de ductos con el mayor número de tomas clandestinas, como es el caso del de Minatitlán-México, de 594 kilómetros, que recorre Veracruz, Puebla Tlaxcala, estado de México y Ciudad de México.