Por mayoría de votos y sin sustentar la razón por la que son una “carga al erario”, los diputados del Congreso de Puebla autorizaron la venta de ocho inmuebles públicos en la capital poblana y el interior del estado, entre ellos la Casa del Escritoor y un terreno ubicado cerca de la nueva planta de Audi. 

Durante sesión ordinaria, el diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo fue el único que votó en contra al considerar que los puntos de acuerdo presentados para la venta de los inmuebles eran confusos.

Las propiedades que serán vendidas son 5 ubicadas en el municipio de Puebla y 3 más en Ciudad Serdán, Venustiano Carranza y San José Chiapa, este último en las inmediaciones de la armadora de autos de lujo Audi.

En la zona industrial se pondrán a la venta 27 mil 475.143 metros cuadrados de un  terreno que se segrega de las propiedades de la Volkswagen, formado por cinco fracciones de la Antigua Hacienda de San Miguel “El Salado” y veinticinco parcelas.

Además de que se aprobó la donación a Conagua de un terreno en la Ex Hacienda “El Mayorazgo” de la capital poblana de 15,241 metros cuadrados y en Acatlán de Osorio otro terreno, donde no se precisa la longitud, para la construcción del Mercado de Artesanías, Olores y Sabores, así como el Museo “Senén Mexic”. 

La SGG es la que debe dar la explicación: Pablo Rodríguez

En entrevista, Pablo Rodríguez Regordosa, secretario de la Comisión de Hacienda, informó que todos los inmuebles “eran una carga” para la administración estatal y que tenían que ser vendidos aunque no precisó el porqué, pues aseguró que es un tema que compete a la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La ley lo que establece es que para que el estado pueda enajenar un bien patrimonial tiene que mediar el Congreso del Estado”.

―¿Una vez que se vende los bienes, a donde va el dinero? ―se le preguntó.

―Eso es lo que se debe de preguntar a la Secretaría General de Gobierno pero naturalmente será para obras y servicios.

―¿Pero, eso no debe de saberlo el Congreso?

―Insisto, lo que estamos haciendo es la autorización para que el gobierno lo pueda enajenar y hay que preguntarle a la SGG  que es lo que se quiere hacer

―¿A ustedes no les causó duda qué se quiere hacer?

 ―No nos causa duda porque la exposición de motivos lo dice claramente, dice que son bienes que le resultan costosos al estado y no dejan beneficios.

Pablo Rodríguez confirmó que no existe estudio o análisis que compruebe que la conservación de los predios representan una carga al estado, pues argumentó no es obligatorio.

En el caso de los terrenos de San José Chiapa, refirió que cuando fue titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) compró a campesinos parcelas completas porque ese era el acuerdo.

Sin embargo, informó que en las obras que se realizaron no utilizaron la totalidad de los predios y que esos “sobrantes” deben de ponerse a la venta porque “representan una carga” a la administración morenovallista.