Con 27 votos a favor, la abstención del diputado de Movimiento Ciudadano y la postura en contra de la perredista Socorro Quezada, el Congreso de Puebla aprobó las reformas a la Constitución Local que presentó el gobernador, Rafael Moreno Valle hace dos semanas para crear el Sistema Estatal Anticorrupción que crea el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y permite que la Auditoria Superior del Estado (ASE) fiscalice la deuda pública del estado.
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Durante la discusión en el Pleno del Poder Legislativo, el diputado del PRI, Sergio Salomón Céspedes sostuvo que aunque su bancada votó a favor, en comisiones propusieron que el fiscal para el Combate a la Corrupción sea designado por el Congreso y no directamente por la Fiscalía General del Estado.
En respuesta, el panista Pablo Rodríguez Regordosa sostuvo que lo que se pretende es que en el Congreso se elija a un fiscal con una carga política por la discusión que pudiera darse. Refirió que en caso de que no estén de acuerdo con la designación de la FGE, los legisladores pueden impugnarlo.
La reforma presentada por Moreno Valle que es una homologación con la ley a nivel federal que impulsó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, crea el Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura, obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses; permite la instalación de la Fiscalía al Combate de la Corrupción; y establece que el Contralor del Estado será electo por los diputados locales.
La reforma constitucional permitirá sancionar penalmente por enriquecimiento ilícito a los servidores públicos o sus prestanombres, cuando no puedan justificar el origen de sus bienes adquiridos, los cuales les serán decomisados.
Dentro de las facultades del Poder Legislativo se señala que los diputados tendrán un periodo de 8 meses para dictaminar los informes que les envié la ASE, pues actualmente no tienen tiempo definido.
Para el caso del Tribunal de Justicia Administrativa estará conformado por tres magistrados que serán designados por el gobernador y ratificados por el voto de la mayoría de los diputados locales. Permanecerán en el cargo 15 años, tal y como se estableció a nivel nacional.
Tendrá competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal y para imponer, en los términos que disponga la Ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, se expuso en la reforma.
