Con 38 votos a favor y solo uno en contra a cargo de la diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, el Congreso del estado aprobó este día la Ley de Transparencia en Puebla que entrará en vigor a partir de mañana y nombra como sujetos obligados a los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y cualquier persona física o moral que maneje recursos públicos.

El proyecto impulsado por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, da como plazo hasta el mes de noviembre para que los sujetos transparenten la información.

A un día de que concluya el plazo para armonizar la ley federal, la fracción del PRI aprobó sin apelación el dictamen, aunque la mayoría de los legisladores sólo fueron a pasar lista, incluida la coordinadora de la bancada Silvia Tanús. No obstante, se quedaron hasta el final de la sesión extraordinaria Sergio Céspedes,  Pablo Fernández del Campo y Francisco Javier Jiménez.

En tanto, se ausentaron Leobardo Soto del PRI y Mario Rincón del PAN; este último quien participa activamente en el mitin de la coalición “Sigamos Adelante”.

Durante la presentación, la panista Patricia Leal explicó que entre otras cosas la nueva Ley de Transparencia amplía el plazo para realizar una consulta directa de 15 a 30 días hábiles, además de que aumentan los requisitos para ser comisionado como contar con un grado de estudios mínimo de licenciatura y opcionalmente ser propuesto por alguna organización.

Además, los miembros del Consejo Consultivo durarán 3 años en el cargo con la posibilidad de ser designados nuevamente. Leal indicó que ahora se utiliza el término “igualdad de género”, en vez de “equidad de género”.

También, se amplía la constitución del patrimonio del Instituto, incluyéndose subsidios y aportaciones siempre que no comprometan su imparcialidad. Hay posibilidad de ejecutar multas. Se establece un transitorio para que el Instituto nombre al consejo consultivo en un plazo de 6 meses y la información que se solicite será a partir del 5 mayo del 2015 en adelante.

En su intervención, la legisladora perredista Socorro Quezada señaló que su inconformidad no fue en contra de la ley sino de las “formas” en la que se dio para su análisis.

Por su parte, Juan Carlos Natale, representante del Verde, señaló que 6 días no fueron suficientes pero si los adecuados para revisar los 220 artículos y 11 transitorios además de la ley local integró a diversas fuerzas políticas.

Más sujetos obligados

El dictamen de transparencia de Puebla integra a más sujetos obligados, destacando a los órganos constitucional o legalmente autónomos; los  partidos políticos; los fideicomisos y fondos públicos; y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.

Además de que se duplican de 24 a 49 obligaciones generales de transparencia que incluyen al Organismo Público Local Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos además de las Instituciones de Educación superior Públicas. Todos los sujetos obligados incluidos los tres poderes de gobierno deberán actualizar cada 3 meses su información.

En noviembre deberán estar en la página oficial la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; los montos destinados a gastos de las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones en conjunto con los  procedimientos de licitación, invitación restringida y adjudicación directa, entre otros.

Los nuevos lineamientos permiten que cualquier persona denuncie ante el Instituto la falta de información.

Con respecto al Comité de Transparencia, deberá de estar conformado por tres comisionados designados por su titular mediante acuerdo. Ellos no podrán depender jerárquicamente entre sí. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo mediante juicio político en virtud de que así lo establece la Ley General y se renovarán cada 3 años.

Asimismo se reducen de 16 a 12 las causales de reserva, estableciendo únicamente las que contempla la Ley General. En su lugar se tendrá un “índice público de expedientes clasificados” que pasó de 7 a 5 años de confesionalidad por “prueba de daño y prueba de interés público”.

La contestación será en un plazo de 20 días, la ampliación a respuesta en 10 y en caso de que se interponga un nuevo recurso se alarga a 15 días. La resolución se dará en un periodo de 40 días más 20 en caso de ampliación. La ampliación de reserva es de 5 años.

Aprueban donación de predios al estado

En sesión extraordinaria, el Congreso Local aprobó por unanimidad la donación de más de 5 predios ubicados en diversos municipios al estado, entre ellos, el ubicado en la Antigua Hacienda de San Miguel del Salado para el hospital público en la zona industrial de Audi.

La superficie corresponde a  12 mil 872.07 metros cuadrados de la fusión la Antigua Hacienda de San Miguel del Salado y una Fracción del terreno número 1.