Como bien sabemos, el Derecho Procesal Penal es el encargado de investigar si hubo conducta, quien es el autor, cuál fue el móvil que lo llevo a cometer el crimen y de acuerdo a ello aplicarle una sanción. Al parecer no se tenía duda de quién era el autor, tampoco de la conducta que se había realizado.
No obstante, al encontrarnos bajo un sistema acusatorio garantista se le tiene que brindar garantías a las partes con el fin de asegurar el respeto a su dignidad y a sus derechos humanos. De esta manera, el Sr. Crawford, tiene derecho a la defensa, y al ser un derecho no lo obliga a hacer uso de él, por lo que renuncia a esta garantía y decide ejercer su defensa por sí mismo, no obstante como observamos el juez le informa que ello significa renunciar al derecho de pluralidad de instancias; asimismo, tiene derecho a un debido proceso y ello se evidencia en el hecho de que a pesar de haber sido restringido de su libertad física por encontrarlo bajo estado de flagrancia del delito.
Es el fiscal el que tiene que perseguir el delito y mostrar las pruebas de cargo para que sea sancionado debidamente y en este caso demostrar que hubo homicidio en grado de tentativa; también goza de la presunción de inocencia, y es por esta garantía que, en un primer momento, es dejado en libertad al no contar con las pruebas necesarias para inculparlo, pues estas cayeron al no encontrarse el arma homicida y al quedar sin efecto la confesión firmada del Sr. Ted, puesto que esta fue tomada por el oficial, y al ser este el amante de la Sra. Crawford es tachada por no ser considerada imparcial.