Según datos proporcionados por la representante popular, de las 850 entidades de crédito sociales y privadas que prestan sus servicios en el país, sólo 99 cuentan con autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que representa 11 por ciento.
“El resto de las cajas de ahorro se encuentra en proceso de registro legal o carece del mismo, la mayoría por la complejidad de la ley actual”, explicó la diputada, quien es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La iniciativa propone reformar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro que busca ejercer una adecuada supervisión y un estricto control por parte de las autoridades, a través de certificaciones.
Asimismo sugiere el desarrollo de programas publicitarios que promuevan a aquellas instituciones que operan conforme a las normas del país y garantizan el patrimonio de sus clientes.
Al respecto, García Olmedo manifestó: “el hecho de que reforcemos las normas regulatorias y las medidas coercitivas no aportará la solución definitiva, pero sin duda ayudará a limitar actividades irregulares, como lo exigen quienes han sido afectados por estas prácticas y la sociedad en general”.
Las deficiencias
García Olmedo, quien busca la regulación de las cajas de ahorro e inmobiliarias desde que surgieron en Puebla los primeros casos de fraude perpetrados por Coofía y Sitma en 2010, afirmó que el proyecto busca resolver las lagunas que permiten a las entidades de crédito sociales y privadas librar la ley.
Para lograrlo, dijo que se requiere una revisión profunda de las instituciones dedicadas a la prestación de los servicios financieros, con el fin de darles un tratamiento uniforme y mejor sistematizado.
La regulación no se logrará, agregó, sino se crea un banco de desarrollo que atienda directamente al sector, así como una legislación uniforme que dé cohesión a normas que hoy se encuentran dispersas, entre las cuales resaltan la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Ley de Ahorro y Crédito Popular.
A detalle
La iniciativa pretende fortalecer los mecanismos de control, enfatizando las facultades de inspección y vigilancia de la autoridad para que se formulen no como potestades, sino como obligaciones de la CNBV que, de no ser debidamente cumplidas, den lugar a la exigencia de responsabilidades a los servidores públicos encargados del control.
Además, propone dotar a la autoridad competente las facultades de supervisión y vigilancia a fin de que ésta no sea ejercida por instancias intermedias que no disponen de la potestad del Estado, así como hacer más rígidos los controles a través de la obligación de la supervisión periódica de las sociedades por medio de visitas de inspección.
Por último, sugiere erradicar las facultades discrecionales de la autoridad para dejar de sancionar infracciones independientemente de que no se trate de faltas graves, puesto que la rigidez en la exigencia del cumplimiento de las normas debe contribuir a evitar que conductas relativamente leves evolucionen a mayores grados de gravedad.