El Congreso del Estado inhabilitó y aprobó el inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) contra nueve ex alcaldes que no lograron acreditar el uso de recursos públicos durante sus respectivas gestiones.
Fue la Comisión Inspectora, presidida por Patricia Leal Islas, la encargada de presentar ante el pleno las resoluciones de los nueve procedimientos. Dentro de las sanciones se contempla la inhabilitación de 2 a 12 años para ocupar cualquier cargo público, así como sanciones económicas.
Del paquete de los nueve ex servidores públicos destaca el Inicio de Procedimientos contra el ex alcalde de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza Hernández, el cual fue frenado en la última Sesión Ordinaria del año pasado por acuerdo de los coordinadores de las bancadas.
Sin embargo, al darse a conocer su pre-candidatura por una diputación federal por parte de Movimiento Ciudadano (MC), se reactivó el inicio de procedimientos. El monto por el que se le investiga es de 87 millones 142 mil 025 pesos, y la sanción en su contra contempla 12 años de inhabilitación.
De igual manera, aparecen los ex ediles Ismael Sánchez Muñoz, de Tepexmaxalco por 1 millón 280 mil 475 pesos; Cipriano Palestina Flores, de Teteles de Ávila Castillo por 724 mil 436 pesos; René Moreno Toral, de Zoquiapan por 11 millones 905 mil 103 pesos; Plácido Bonilla Juárez, de Tepatlaxco de Hidalgo por un millón 585 mil 135 pesos; Pedro Tejeda Herrera, de Teotlalco por 4 millones 284 mil 281; Leandro Rafael Rivera, de San Antonio Cañada por 19 millones 297 mil 498 pesos; Adán Bustamante Calva, de Naupan por 382 mil 570 pesos; y Adán Ramírez Moniel, de Chichiquila por 43 millones 351 mil 234 pesos.
Respecto a esto, Leal Islas explicó que los inicios de procedimientos se dan luego de que los órganos de auditoria detectan irregularidades como falta de documentos en los expedientes de obra pública, venta de inmuebles sin el permiso del cabildo correspondiente, cuentas por cobrar injustificadas, presupuestos ejercidos distintos a los aprobados, entre otros.
Asimismo, mencionó que las sanciones se imponen una vez que son publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
Por otro lado, en la Sesión Ordinaria también se dio luz verde para el inicio de procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades contra cuatro ediles, de los cuales uno ya ha fallecido.
En este sentido, la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso detalló que cuando un sujeto de revisión fallece hay tres vertientes: La primera es cuando se presenta la cuenta pública y el servidor público fallece, la segunda cuando se registra el deceso del sujeto de revisión durante el proceso de fiscalización. En ambos casos, le toca al sustituto legal afrontar los procesos de investigación.
El tercero es cuando el sujeto fallece durante el proceso de responsabilidades, en este caso se presentará una denuncia contra quien resulte responsable y serán los órganos internos auditores los que deslindarán las responsabilidades.
El edil fallecido que cuenta con el IPADR es Justino Guerrero Lillo, del municipio de Zacapoaxtla mientras que el resto de los sujetos de revisión son José Onésimo Cortés Gómez de Guadalupe Victoria y Sixto González Benítez de Yehualtepec.