Diputados locales pertenecientes al PRD, Movimiento Ciudadano y PT condenaron y tacharon de “incoherente” la iniciativa de incrementar hasta en un 325 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos locales durante las próximas elecciones.

Dicha propuesta viene incluida dentro de las leyes secundarías de la Reforma Político-Electoral que está próxima a ser aprobada por el Congreso local, en donde en el artículo 47 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Coipep) indica que el financiamiento público se fijará multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo vigente en el estado, para el caso de los partidos con registro local.

Esta situación fue criticada por los legisladores Socorro Quezada del PRD; Julián Peña de Movimiento Ciudadano y Mariano Hernández del Partido del Trabajo.

La perredista calificó como una “aberración” y una “bofetada” a la ciudadanía que se aumente en un 325 por ciento las prerrogativas de los partidos locales durante la elección del próximo año.

Detalló que si actualmente un partido recibe 5 millones de pesos de gastos ordinarios, con esta propuesta estará obteniendo 19 millones de pesos. Por tal razón dijo que esta medida perjudica a los ciudadanos, pues los impuestos que pagan no serán utilizados para beneficio de la sociedad.

Quezada Tiempo adelantó que en caso de que se mantenga esta propuesta dentro de las leyes reglamentarias de la Reforma Electoral, su voto será en contra una vez que esta sea presentada ante el Pleno del Congreso Estatal.

De verdad es una bofetada para la ciudadanía porque finalmente la ciudadanía es quien paga los impuestos y ya estamos caducos. Con ese tipo de financiamientos es una locura porque es una bofetada para la economía nacional. No puede ser que estemos despachando con la cuchara grande para el financiamiento de los partidos políticos”.

Por su parte, Julián Peña Hidalgo, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano admitió que la intención de incrementar los recursos de los partidos políticos hasta en un 325 por ciento es incoherente, pues rompe con la austeridad económica que se ha pedido en los distintos órdenes de gobierno.

Aseguró que dentro de los trabajos de modificación que se realizarán antes de la aprobación de las leyes secundarias, buscará que el recurso se ahorre y se destine a otros rubros de mayor importancia como el combate a la pobreza, recordando que se registró un incremento de pobres en la entidad durante este año.

Creo que ya lo comentaba cuando se hizo la reforma de que el reducir el tiempo de campaña no significa que haya austeridad. El aumentar implica que no haya austeridad. Pedir a los grupos parlamentarios que haya un ahorro, que haya austeridad en las campañas y que este recurso sea destinado a otros rubros como el combate a la pobreza, que en este año hubo incremento de pobre”.

Además, reveló que su propuesta ya se firmó por la mayoría de los partidos del Congreso, a excepción de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México.

Finalmente, el diputado petista Mariano Hernández confundió la propuesta con una modificación al artículo 47 del Coipep, pues refirió que al aumento en los recursos para el siguiente proceso electoral será para que el Organismo Público Electoral del Estado (OPLE) implemente la logística de la elección local.

Sin embargo, señaló que el incremento del financiamiento para la elección es ilógico y fuera de lugar por el contexto de crisis económica que atraviesa el país.

No se aumenta a los partidos, se aumenta el presupuesto del nuevo organismo. A nivel federal, se aumentó a 200 por ciento y los partidos políticos siguieron etiquetados con el mismo recurso y el único que aumentó fue el INE, pero es algo que se nos hace ilógico(...) es para la logística de todo el proceso electoral, que lo vemos también idea de lugar”.

Por otro lado, los priistas Víctor Giorgana Jiménez y Sergio Salomón Céspedes coincidieron que dicha propuesta se encuentra frenada, pues aún continúan los trabajos de las reformas secundarias a la Ley Político-Electoral.

Es preciso señalar que, el incremento de esta cifra, también se definirá dependiendo de los votos que haya logrado cada instituto político en la elección anterior, pues se mantiene el precepto de que “el treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección inmediata anterior de diputados por el principio de mayoría relativa”.

En general, las leyes reglamentarias de la Reforma Político Electoral son inconstitucionales, pues los diputados locales contravienen el derecho de los ciudadanos de “votar y ser votado” al imponer cláusulas que vuelven prácticamente imposible que un ciudadano acceda a una candidatura independiente.