La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucionalidad promovida por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, aprobada por la mayoría morenovallista del Congreso local en agosto pasado, la cual limita la posibilidad de registro de los candidatos independientes.
El PRI argumentó que las reformas publicadas el 22 de agosto pasado son contrarias al artículo 105 de la Constitución Federal, pues ponen "candados" a la participación de candidatos independientes en las elecciones locales.
Al darle trámite a esta impugnación, la Corte encomendará a uno de sus ministros que analice y elabore un proyecto de resolución que deberá ser aprobado por el Pleno.
La reforma conocida como "Ley AntiBronco" que bloquea las candidaturas independientes en Puebla, provocó un escándalo a nivel nacional entre políticos, académicos, empresarios y ciudadanos, debido a la serie de requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a un cargo de elección popular por esta vía.
La medida ha sido reprobada por el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya; el exconsejero electoral, Luis Carlos Ugalde; el dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones y hasta por las universidades más importantes del país, las cuales se han pronunciado en contra de los candados aprobados en el estado con la venia del gobernador Rafael Moreno Valle.
La cuestionada reforma establece que los candidatos independientes necesitan presentar el respaldo del 3 por ciento del padrón electoral para registrarse, pero no solo en firmas, sino que cada uno de sus simpatizantes tiene que ratificar personalmente el apoyo ante el órgano electoral en un lapso de 20 días.
Los críticos de la reforma electoral coinciden en que con este candado, resulta imposible ser candidato independiente en Puebla,por lo que contraviene la Constitución de México que en su artículo 116 señala que los Congresos locales deberán garantizar la participación ciudadana en los procesos electorales.
La reforma entrará en vigor para el proceso electoral 2016, en el que se elegirá a un gobernador que por única vez durará en el cargo un año 8 meses, debido a la homologación de comicios en todo el país.