Desde que se conoció el contenido de la llamada ‘Ley Bala’, organizaciones no gubernamentales alertaron sobre los peligros de la criminalización de las protestas así como del uso de la fuerza en actos que forman parte de los derechos fundamentales de los mexicanos.
La primera víctima mortal de esta criticada ley es un niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien el pasado 9 de julio recibió un impacto de bala de goma en la cabeza durante el desalojo de la autopista Atlixcáyotl, en Puebla.
El viernes 18 de julio, luego de diversos esfuerzos por salvarle la vida, el director del Hospital General del Sur, José Antonio Martínez García, informó a los medios la lamentable muerte encefálica del menor.
“Tras haber realizado las pruebas de electroencefalograma y ultrasonido doble cerebral, comprobamos una ausencia completa y permanente de conciencia, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas estimulares (…), por lo tanto, se concluye, conforme a la Ley General de Salud, que lamentablemente a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo se le diagnostica muerte encefálica”, expresó el galeno.
En un comunicado de apenas dos párrafos, la Secretaría de Salud de Puebla informó de la muerte del menor, la cual ocurrió a las 18:30 horas del sábado en el Hospital General del Sur, y se debió a un “paro cardiorrespiratorio irreversible”.
El gobernador de Puebla, a quien en las redes sociales se le tacha de asesino, pidió a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso para que haya una investigación exhaustiva.
Para Elia Tamayo, madre de la víctima y campesina, los granaderos de la policía poblana son los responsables de la muerte del jovencito, quien estudiaba segundo grado de secundaria.
Según funcionarios del gobierno de Moreno Valle, fueron los mismos manifestantes quienes lastimaron al joven con los cohetones.
El 19 de mayo de 2014, el Congreso del estado de Puebla aprobó una ley para regular el uso de la fuerza pública en manifestaciones, que a la postre los poblanos denominarían la ‘ley bala’, pues se permite el uso de balas de goma para dispersar a los manifestantes.
El pasado 9 de julio la ley se estrenó con un saldo negro.
Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaban en la autopista Atlixcáyotl contra la decisión de las autoridades de cerrar las oficinas de Registro Civil en sus comunidades, pero fueron violentamente desalojados por policías.
El saldo: 70 civiles y 47 granaderos lesionados, amén del niño gravemente herido que después falleció.
Y tras los hechos violentos, hoy todo mundo quiere deslindarse.
El Congreso local aprobó por unanimidad solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar los hechos de violencia del 9 de julio.
El gobernador Rafael Moreno Valle también solicitó a la PGR atraer la investigación de los hechos ocurridos en la autopista Atlixcáyotl, “para la tranquilidad de los ciudadanos, la opinión pública y para garantizar la objetividad absoluta”.
“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, hay protocolos que los policías deben seguir y si fueron en contra del protocolo, también serán sancionados con todo el peso de la ley, pero también queremos que se investigue lo que han hecho los manifestantes y sus actos de violencia”, indicó.
Por lo pronto, el pasado martes el Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión definitiva de la “Ley Bala”. Con esta medida se imposibilita utilizar armas y otro tipo de artefactos para dispersar una manifestación.