21 personas detenidas bajo la figura de arraigo en Puebla, entre ellos Manuel Forcelledo Nader acusado del homicidio de su exnovia Karla López, podrían salir en libertad si la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no consigna sus casos en menos de quince días, cuando entre en vigor la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional que los estados mantengan detenidos a los indiciados mientras realizan las investigaciones de los casos.
Entre los casos más escandalosos de arraigo en Puebla se encuentra el de Manuel Forcelledo Nader, acusado por el homicidio de Karla López Albert, quien se encuentra arraigado desde el 7 de febrero mientras la PGJ realiza las investigaciones y define si es culpable o no del homicidio de la joven.
Además de Forcelledo, la PGJ mantiene a otras 20 personas arraigadas, por lo que, según informaron fuentes de la dependencia a CENTRAL, el procurador Víctor Carrancá ha ordenado a los ministerios públicos trabajar a marchas forzadas para la resolución de los casos a fin de evitar la libertad de los detenidos.
El martes 25 de febrero la SCJN declaró inválido el artículo 291 del Código Penal de Aguascalientes, que permitía arraigar a personas imputadas de delitos graves y perseguidos por la justicia de la entidad. Esta situación aplica de la misma forma al resto de las entidades federativas.
Por mayoría de votos (ocho a favor y dos en contra), los ministros de la Suprema Corte confirmaron que los estados no son competentes para legislar sobre el arraigo. Además de que, según la ley vigente solamente se puede arraigar a delincuentes del orden federal o a aquellos que tengan que ver con delincuencia organizada.
El arraigo, de moda en la administración de Moreno Valle
El gobierno de Rafael Moreno Valle ha arraigado a un total de 348 personas desde febrero del 2011 a diciembre del 2013, cifra que dista mucho del sexenio pasado, pues cuando Mario Marín Torres fue gobernador sólo se registraron dos casos de arraigo.
De las 348 personas arraigadas por la PGJ, solamente 18 personas fueron declarados inocentes. La nueva jurisprudencia entrará en vigencia en un plazo de 15 días, tiempo en que la PGJ debe de consignar a los 21 arraigados.
A finales del 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla indicó que la PGJ cayó en prácticas donde se abusó en las garantías individuales de al menos 20 investigados, quienes fueron encontrados en arraigados no notificados.
Julia Martínez Bueno, directora de Quejas y Orientación de la CDH detalló que en varios casos los familiares de los presuntos implicados han solicitado su intervención al no tener conocimiento de su paradero.
Según la versión de múltiples quejosos, la PGJ incumple al no informar sobre los involucrados en investigaciones o averiguaciones previas e incluso en muchas ocasiones los detenidos aparecen en arraigo o ya recluidos en centros de reinserción social.
Presidente de la Conago criticó determinación de la SCJN
Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes y nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), criticó la determinación de la Suprema Corte pues dijo que deja a las entidades federativascon una herramienta menos en el combate a la delincuencia.
El gobernador del estado del que precisamente se derivó el caso que provoca la jurisprudencia consideró que el dictamen pone en riesgo a los estados y sus ciudadanos puesto que los delincuentes pueden quedar en libertad con facilidad.
Lozano de la Torre mencionó que acatará la disposición hecha por el máximo órgano de la ley en México a pesar de que no la comparta e indicó que el tema seguramente se llevará al pleno de la Conago para que, los gobernadores emitan su propia postura oficial.