A través de un comunicado de prensa, el gobierno del estado informó que este viernes tomó protesta José Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para el Caso Chalchihuapan.
Fue el procurador General de Justicia Víctor Carrancá Bourget quien presidió el acto protocolario, como parte de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos del pasado 9 de julio, donde resultó herido de muerte el menor José Luis Tehuatlie.
No obstante destaca que el propio procurador está incluido en la recomendación emitida por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia y que señala que tanto él como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas, deben ser sometidos a un proceso de responsabilidades penales y administrativas con motivo de las violaciones graves a los derechos durante el operativo de desalojo de la autopista Puebla- Atlixco.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le exigió a la administración de Rafael Moreno Valle crear una fiscalía imparcial para investigar el Caso Chalchihuapan, el gobierno de Puebla nombró a uno de sus funcionarios para dirigir el proceso y a un exfuncionario de la PGJ para encabezar la fiscalía especial.
Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Anteriormente se desempeñaba como Subprocurador Jurídico de Asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del delito (PROVÍCTIMA).
Asimismo el nuevo Fiscal se ha destacado en cargos dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) como: Coordinador General Técnico en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA); Coordinador de Asesores de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; Coordinador General de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador General de Justicia del Distrito Federal, entre otros.
El fallo de la Comisión también contempla que la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno den una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados.