Será hasta el 2021 cuando se revele la información que el gobierno de Puebla aportó para el cumplimiento de la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo al mandatario Rafael Moreno Valle por las graves violaciones ocurridas en San Bernardino Chalchihuapan, durante el desalojo policíaco de la autopista a Atlixco en julio de 2014.
En diciembre de ese mismo año, antes de dejar la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas firmó el Acuerdo de Reserva para que cualquier información relativa al cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014, emitida por la CNDH, fuera considerada “de acceso restringido en su modalidad de reservada” por siete años.
Así, cualquier información generada, recabada, obtenida, adquirida, transformada guardada, custodiada o conservada que sea derivada de dicha recomendación, que consta de 11 puntos, será reservada.
Es decir que hasta diciembre de 2021 no se podrán conocer los datos de la reparación económica a las víctimas del operativo que ordenó el gobierno estatal para desalojar a los habitantes que realizaban una protesta en la autopista Puebla-Atlixco.
Cabe recordar que José Luis Tehuatle Tamayo perdió la vida a causa de una herida en la cabeza provocada por los cartuchos de gas lanzados por los policías.
Lo mismo se aplicará para la determinación de los criterios que utilizó el gobierno de Puebla para fijar los montos de indemnización asignados a los afectados, las sanciones administrativas y/o penales definitivas que fueron impuestas a los servidores públicos involucrados en el operativo.
Inclusive el criterio usado para el cumplimiento del acto de disculpa pública hacia las víctimas, recomendado a las autoridades de Puebla.
La CNDH, vía la Sexta Visitaduría General, informó el pasado 26 de agosto de 2015, que el gobierno de Rafael Moreno Valle no ha cumplido a cabalidad con los puntos señalados y aunque su normatividad no establece término o plazo, ha reiterado su llamado a que el gobierno de Puebla atienda la Recomendación 2VG en su totalidad e insistió en que no permitirá que se dé “carpetazo”, por tratarse de una recomendación por violaciones graves, que fue aceptada en todos sus puntos.
El argumento
El Acuerdo de Reserva firmado el 15 de diciembre de 2014 designa como autoridades responsables de la información puesta bajo llave a la Oficina del Secretario General de Gobierno, la Subsecretaría de Gobierno, la Dirección General de Gobierno, la Dirección de Gobierno, la Subsecretaría Jurídica, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección Jurídica Consultiva y la Dirección Jurídica de lo Contencioso.
El argumento expuesto es que la información está contenida en expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, razón por la que se reservarán hasta que exista la resolución definitiva y ejecutoriada, pero no podrá ser mayor a siete años.
También aducen que “la información es clasificada como confidencial debido a que contiene datos personales tutelados por el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen”.
Candado sobre el candado
La clasificación de la información de la SGG de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 se suma a un Acuerdo de Reserva previo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el que se reservaron los datos del operativo donde falleció el menor José Luis Tehuatlie, tras un enfrentamiento entre manifestantes y la policía del estado.
El número de policías enviados al operativo, el número, marca y modelo de las armas utilizadas; el nombre del mando que dio la orden para llevar a cabo el operativo; las reglas que tiene la policía estatal para disparar gas lacrimógeno; y la capacitación que han recibido los agentes para manejar este armamento, no podrá conocerse hasta después de siete años.