Marcel Chalreo, consultor de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y presidente de la Orden de Abogados de Brasil visitará este martes a Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.
El encuentro fue anunciado a las 10 horas a las afueras del Centro de Readaptación Social (CERESO), informaron la esposa de “Simitrio”, Rita Amador y Andrés Moreno, vocero de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.
Según detalló Andrés Moreno, la finalidad de la visita del abogado brasileño es garantizar el respeto a los derechos del dirigente social, luego que al inicio de su reclusión se le impidió por días atención médica y la entrada de medicinas para controlar la diabetes que padece.
Aprovecharán además para solicitar al consultor de la ONU que certifique las condiciones en las que se encuentran los presos en el penal de Puebla, que continuamente presentan problemas de hacinamiento por sobrepoblación.
Rita Amador informó que hasta el momento se espera la definición de un amparo a favor de su esposo luego de que el gobierno del estado revirtió el beneficio de preliberación del líder de la 28 de octubre, a pesar que jurídicamente ya cumplió su sentencia de 25 años y seis meses de prisión el pasado 14 de enero.
Lamentablemente se ve que no lo quieren dejar salir, pues le han abierto el expediente 530 por narcomenudeo, donde están involucrados sus hijos, sin que existan pruebas de por medio”, dijo Rita Amador.
Al respecto confió que lograrán la libertad de Simitrio pues “la autoridad lo está inculpando de la manera más burda, es un policía pagado quien declara en su contra”.
Hoy por la mañana al menos mis 500 manifestantes exigieron la libertad de Simitrio en una marcha que llegó hasta el Zócalo de la capital poblana.
Además el próximo 26 de febrero en la ciudad de México, el Foro de Izquierda Democrática realizará un mitin para exigir la liberación del dirigente de la “28 de Octubre” en Puebla.
Rita Amador adelantó que volantearán en las embajadas y oficinas de Amnistía Internacional en México para hacer visible la lucha contra la criminalización de la protesta social en el estado encabezada por el gobierno de Rafael Moreno Valle.