A pesar de que Puebla se encuentra entre los diez estados con peores sistemas penitenciarios y con cinco de las trece prisiones con mayor hacinamiento en el país, el sistema de juicios orales que podría agilizar el desahogo de casos y reducir el sobrecupo en las cárceles poblanas ha sido pospuesto hasta mayo del 2014, gracias a la reciente iniciativa de ley del gobernador del estado Rafael Moreno Valle.
Los datos de la organización México Evalúa sugieren que la capacidad para la persecución criminal del estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva.
Y es que la mayoría de los reos poblanos son ingresados por delitos como robo simple, poco más del 70 por ciento de los procesados en Puebla cometen delitos de bajo impacto y encima existe casi un 15 por ciento de reincidencia.
"El costo social que tiene encarcelar a estos individuos que deberían tener penas menores, no carcelarias, es muy alto. Se abusa de la cárcel como pena y se dejan de lado sanciones alternativas que serían mucho más apropiadas y menos costosas", dice a la letra el estudio “La cárcel en México: ¿Para qué?”, de la organización nacional.
Esta situación se mantendrá por lo menos hasta el 2014, debido a que el gobernador Rafael Moreno Valle envió una iniciativa al Congreso local para aplazar la implementación del sistema de juicios orales hasta el 21 de mayo de 2014, lo cual retrasa el desahogo de sentencias que el Poder Judicial tiene pendiente.
La explicación del ejecutivo para el retraso del nuevo sistema de juicios orales fue que el Congreso de la Unión debe aprobar primero una “legislación única en materia procedimental penal”.
Originalmente el 17 de septiembre de 2013 debían de entrar en vigor los juicios orales en la zona norte del estado que tiene como cabecera el municipio de Huachinango y que integra a Xicotepec de Juárez, Zacatlán, y Alatriste.
Es de destacar que en esa zona se ubica uno de las cinco prisiones con mayor hacinamiento en Puebla, la de Xicotepec de Juárez. Según el reporte de México Evalúa, la cárcel distrital ubicada en ese municipio tiene capacidad para 81 personas y tiene una ocupación actual de 263 reos, un 324.69 por ciento de hacinamiento.
La reforma que ingresó al Congreso el viernes pasado, señala que los juicios orales entrarán en vigor un año después en dicha zona hasta el 21 de mayo de 2014.
Y es que, según el documento publicado la semana pasada por la organización México Evalúa, las prisiones en Puebla se han utilizado como único recurso para imponer sanciones a delitos que no implican más de tres años de castigo, como es el caso del robo simple.
Según la gráfica 6 del estudio, el sistema penitenciario en Puebla sirve en más de un 90 por ciento para el castigo de delitos del fuero común. De acuerdo a las anotaciones de los autores del estudio, la proporción de internos federales en la población de los penales estatales es dependiente directamente de la infraestructura local. Por lo que el estado de Puebla carece de complejos penitenciarios que puedan apoyar a la Federación con los procesos del orden federal.

México Evalúa subraya que se abusa de la cárcel como pena y se dejan de lado sanciones alternativas que serían mucho más apropiadas y costosas; en el caso de Puebla, como aparece en la Gráfica 7 del estudio, más del 70 por ciento de las penas son por menos de 3 años, por lo que la mayor parte de los recursos destinados al sistema penitenciario van a delitos menores como posesión de narcóticos y pequeños hurtos no violentos. “La política criminológica de México ha ‘abaratado’ la prisión, que debería ser el último recurso de la sociedad”, señala el estudio.

Finalmente, cuando se habla de reincidencia entre aquellos que ya han tenido una sentencia y salieron libres, la organización identifica al estado entre los 10 estados con mayor reincidencia.

El porcentaje mayor de reincidencia lo presenta el Distrito Federal con un 35.2 por ciento; le sigue Colima con un 22.8 por ciento y Yucatán, con un 21.2 por ciento. Puebla, que se encuentra en el noveno sitio, alcanza un 14.7 de reincidencia.
“Si tras salir a la cárcel, se recae en la misma conducta delictiva, hay un serio problema. A esto hay que añadir que, en general, en el actual sistema de procuración de justicia, la capacidad de investigación y resolución de delitos es baja. Por tanto, no sabemos en realidad cuántos están reincidiendo hoy en las calles de México después de haber pasado un periodo en la cárcel. Además, la cifra de reinserción sólo nos dice a cuántos se detuvo de nuevo, pero no a los miles que nunca se logró investigar”, señala la organización.