La manifestación violenta y los trágicos sucesos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, son como un catálogo de las prácticas oscuras o usos y costumbres a las que comúnmente se recurre para hacer algo así como la “real política nacional” entre grupos de poder. Nada que no se estile o practique profesionalmente en otros estados e incluso países, aunque sin la impunidad que hoy acompaña aquí la muerte de un niño, así como policías y civiles heridos en la protesta del pasado 9 de junio en ese municipio.
¿Quién es el responsable de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, herido en la cabeza durante la confrontación entre la policía y los manifestantes? Hay informes oficiales sobre los hechos cuando un grupo de 100 personas protestaba contra la centralización del registro civil, también investigaciones de la procuraduría estatal de la actuación policiaca y hasta videos que presentan el estallido de la violencia como “algo premeditado”. Pero, como ocurre en estos casos, el procurador estatal, Víctor Carrancá, ofrece peritajes que dicen quiénes no fueron los autores del atentado, sin tener a nadie identificado por su muerte.
La impunidad es el mejor aliado de la desconfianza y malas prácticas que caracterizaron el operativo policiaco en Chalchihuapan, a pesar de la reciente ley para regular el uso de la fuerza pública. La ausencia de castigo también es el mejor incentivo para el fomento de grupos violentos que se usan para atacar a un gobierno con hambre de poder nacional como el gobernador poblano. Es una invitación para que el Poder Judicial no haga su trabajo y exhibe la nulidad del Congreso local como contrapeso del Ejecutivo local y, en fin, explica a un gobierno estatal más preocupado por deslindarse y abrogar la llamada Ley Bala para cuidar su imagen política rumbo a 2018 que en encontrar a los culpables de la agresión contra 48 policías estatales.
En efecto, la ley de Moreno Valle para regular el uso de la fuerza pública, que contemplaba el uso de armas no letales como las balas de goma a las que debe su sobrenombre, tuvo una vida corta desde el pasado 19 de mayo que la aprobó el Congreso local por una amplia mayoría de 32 votos (PAN-PRI-NA) y cinco en contra (MC-PT-PVEM). Ahora, ya “ahogado el niño”, dejó a los legisladores la tarea de reemplazar la Ley Bala con otra no estigmatizada por la crítica, con la presumible disposición de éstos de cumplir con los nuevos deseos del Ejecutivo.
¿Le preocupa al Congreso local si dice la verdad el gobierno cuando afirma que no existen las balas de goma o elombudsman que asegura que se usan en el estado desde 2011? ¿Los legisladores están dispuestos a quedarse con el informe del procurador de que el menor murió por la onda expansiva de un cohetón que salió de entre los manifestantes aunque no haya rastros de pólvora en su cuerpo?
Y respecto a la actuación de la policía, ¿qué lección deja en cuanto a su capacitación y preparación en el uso de la fuerza? Ninguna de estas cuestiones parece estar en las preocupaciones de los legisladores, que en cambio cedieron rápidamente a otra práctica común en estos casos, la de culpar de la violencia a la acción de intereses oscuros.
En Chalchihuapan hay diversos temas que pueden impulsar la protesta, como el expresado rechazo a perder el control del registro civil en la junta auxiliar del municipio, incluso pensar en que eso se prestaba a regular o cambiar identidades para la migración y hasta delitos como la trata. También hay conflictos religiosos y hasta confrontaciones de grupos del PRD con Antorcha Campesina. Y desde luego, nadie duda del interés de la diputada federal perredista Roxana Luna de encender a los grupos para que el problema salga del estado en perjuicio de la proyección de Moreno Valle en el plano nacional, como se escucha de su propia voz en una reciente grabación telefónica. Incluso hasta creer que el PRI puede estar interesado en afectar a Moreno Valle y que puede operar en su contra a través del grupo de Bautista del PRD, no obstante que el gobernador
llegó por la alianza PRD-PAN.
Pero el punto que no hay que perder de vista es que, más allá de la también mala práctica de sacar raja política de la tragedia, el tema de Chalchihuapan es la incapacidad policiaca para usar la fuerza y la violencia injustificada de la población contra la policía. Y, por supuesto, el de la impunidad, que en Michoacán con casos como el del albergue de Mamá Rosa o en el DF con el desastre de la Línea 12 del Metro se vuelven, al igual que en Puebla, en matriz de las peores prácticas políticas.