La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el INEGI en 2013 dio a conocer que Puebla es el sexto estado con mayor percepción de corrupción en el país. De acuerdo con el estudio presentado en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el primer lugar lo ocupa el Distrito Federal con 95.3 por ciento; seguido por Jalisco con 94.7 por ciento; Michoacán, con 92.2 por ciento; Morelos con 91.8 por ciento; Tabasco con 91.6 por ciento, y Puebla, con 91.5 por ciento.
Mientras tanto, los estados con menores porcentajes fueron Querétaro (65 por ciento), Yucatán (72.2 por ciento) y Aguascalientes (78.3 por ciento); no obstante, aún estos sitios presentan un número alto en cuestión de este tema.
Por otro lado, la ENCIG destacó que el 11.1 por ciento de los poblanos ha sido víctima de la corrupción, lo que coloca a la entidad en el lugar número 12 en este indicador por debajo de estados como San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Quintana Roo, Tabasco, Jalisco, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Baja California.
Es preciso recordar que en 2013 la corrupción fue mencionada como uno de los cinco problemas sociales que más afectaba a la población, al ser señalada por 48.5 por ciento de los encuestados.
Policías son los que incurren más en la corrupción
Por otro lado, el INEGI dio a conocer mediante esta misma encuesta que los policías, partidos políticos y el Ministerio Público son considerados como las instancias más vulnerables en prácticas de corrupción, al tener un porcentaje de percepción de 89.7 por ciento, 84.4 por ciento y 78.4 por ciento respectivamente.
La ENCIG también estima que 88.3 por ciento de la población considera que en su entidad las prácticas de corrupción, en donde un servidor público abusa de sus funciones para obtener algún beneficio personal, son entre muy frecuentes y frecuentes.
Esta situación se da a pesar de que 30 de las 32 administraciones públicas estatales cuentan con un programa anticorrupción; sin embargo, sólo 27 por ciento de las administraciones públicas municipales y delegacionales disponen de un programa anticorrupción.