La senadora Dolores Padierna Luna, ha preparado un punto de acuerdo en el que se propone solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de revisar la situación de los presos políticos de Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla. 

Con esto, las violaciones a las garantías constitucionales y los derechos humanos de los presos políticos del morenovallismo serán materia de análisis en el Senado de la República.

La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara Alta hace tres planteamientos en el punto de acuerdo: en el primero pide exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “a que en el ámbito de sus facultades y con pleno respeto a su autonomía emita un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales que han sido detenidos en el estado de Puebla”.

Como segundo punto exhorta al Congreso del estado “para que en el ámbito de sus competencias solicite información, comparecencias y/o reuniones de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado para revisar la actuación que han tenido en las detenciones, procesamiento y encarcelamiento de los luchadores sociales”.

El último punto, de ser aprobado, pediría que los legisladores del Congreso de la Unión soliciten a sus homólogos poblanos que revisen “la pertinencia de realizar las modificaciones legislativas necesarias para la creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado Puebla, que coadyuve al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad”.

En la exposición de motivos Padierna Luna pone como ejemplo las detenciones de la campesina Enedina Rosas Vélez y el activista Juan Carlos Flores Solís, presos por oponerse al gasoducto del Proyecto Integral Morelos, amén del caso de Abraham Cordero Calderón, quien lideró la resistencia al Arco Poniente.

En todos los casos, sin importar la motivación o causa social que se defienda o enarbole, y simplemente por la oposición a las decisiones del gobernador, se ha establecido como regla el uso político del derecho y de las instituciones de procuración y administración de justicia, así como de defensa de los derechos humanos, en todos los casos documentados se ha evidenciado la fabricación de delitos, las falsas acusaciones de policías y empresarios ligados al gobierno, así como la validación de detenciones arbitrarias e ilegales, donde se han incluido resoluciones judiciales inverosímiles y violatorias de los derechos humanos”, señala Padierna en la exposición de motivos.