La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha consignado solamente 17 de 145 casos de feminicidios de 2013 a la fecha, con lo que ha maquillado las cifras y consignado como homicidios simples los casos de violencia de género en los últimos dos años, denunció el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr)

Según señaló la asociación civil que lleva un registro hemerográfico de los casos de homicidios de mujeres con las características que los tipifican como feminicidios, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y el Congreso local deben de convocar a una comisión revisora de cada casos consignado por el Ministerio Público en los que la víctima sea una mujer para que se identifiquen si están siendo bien integrados correctamente. 

Ayer, tras la manifestación en contra de los feminicidios en Puebla que congregó a más de 150 miembros de la sociedad civil entre activistas, integrantes de partidos políticos y ciudadanos convocados por el grupo feminista “El Taller” AC, la Odesyr instó a que el Congreso del Estado encabece la revisión de todas las consignaciones desde que existe el tipo penal de feminicidio en Puebla, que genere un diagnóstico sobre la situación del tema sobre violencia contra las mujeres y se reformulen las políticas públicas, presupuestos e indicadores sobre el tema teniendo el aval de agencias de cooperación del sistema de Naciones Unidas.

Los parámetros internacionales definen que en un feminicidio las víctimas han recibido tratos degradantes, sus cuerpos han sido exhibidos en la vía pública, se sospecha o se tiene certeza de que sus asesinos fueron parejas o ex parejas, hubo violencia extrema, violencia sexual, o desaparición previa. Cualquier de todas estas condiciones generan criterios para que una línea de investigación para que se determin que un homicidio sea investigado  como feminicidio.

La Procuraduría de Justicia del estado solo ha iniciado 17 procesos por este delito, los demás por homicidio. Es decir, sólo el 12.5% de los asesinatos dolosos de mujeres en Puebla son consignados como feminicidios por la autoridad. El problema es que el procurador no ha explicado claramente y de cara a la sociedad por qué 128 asesinatos de mujeres en Puebla no son feminicidios para él y para sus investigadores. No nos tiene que convencer, nos tiene que explicar”, señala la Odesyr en el comunicado. 

Es importante destacar que de los 17 casos que sí ha consignado la PGJ de 2013 a la fecha como feminicidios solamente un solo caso ha llegado a sentencia como feminicidio según datos de solicitudes de transparencia al Poder Judicial de Puebla. 

El caso más recientes, es el asesinato de la profesora Verónica Espinosa Arcos, que fue tipificado como un homicidio cometido presuntamente a manos de un joven de 23 años, identificado como Mauricio Rico y su línea de investigación señalada como un robo de vehículo, así como la desaparición de Paulina Camargo y la respuesta tardía de las autoridades en la búsqueda de la joven que presentaba 18 semanas de embarazo y del cual se ha señalado como presunto culpable a su novio, José María Sosa, han provocado molestias y preocupación entre la sociedad civil.

La ola de feminicidios derivó en críticas contra el Congreso Local por hacer caso omiso y no solicitar la alerta de género para el estado de Puebla. Mientras que, activistas y especialistas han emitido duras quejas contra de la PGJ por no consignar los asesinatos de mujeres como feminicidios a pesar de evidentes muestras de violencia. 

A continuación presentaos el comunicado enviado por la Odesyr a la redacción de CENTRAL: 

A la sociedad poblana,

A las diputadas y diputados locales y federales,

A todas personas funcionarias de la administración pública local: 

Erradicar la violencia contra las mujeres requiere de mucho más de lo que se hace actualmente: las desigualdades de género se manifiestan a través de la vivencia cotidiana en los ámbitos público y privado, es parte de la cultura de mucha gente y por lo tanto desestructurarla, desnormalizarla y desnaturalizarla será un proceso largo y sinuoso, pero que no puede retrasarse más.

El feminicidio no es un fenómeno aislado: es la expresión más brutal de esta violencia. Si en una sociedad ocurre un feminicidio o cien o ciento treinta y cinco es resultado de esta vivencia violenta y desigual del género. Es resultado de la normalización de otros hechos violentos que se viven en el cotidiano y que no se denuncian, que no se atienden, que no se nombran, que no se previenen y que se toleran.

Existe un subregistro de los casos de homicidios dolosos de mujeres en el estado, calificados o no, de lo cual podemos dar cuenta en los registros mediáticos que las organizaciones de la sociedad civil estamos llevando a partir de que el fenómeno feminicida aumenta en nuestra entidad.

Este subregistro se debe a que las organizaciones sólo podemos documentar a través de lo que los medios de comunicación publican, este es un primer filtro informativo: solo sabemos de aquellos que trascienden mediáticamente.

En el Odesyr hemos consignado 145 hasta el día de hoy desde el año 2013. Son crímenes dolosos, donde las víctimas han recibido tratos degradantes, sus cuerpos han sido exhibidos en la vía pública, se sospecha o se tiene certeza de que sus asesinos fueron parejas o exparejas, hubo violencia extrema, violencia sexual, ellas estuvieron desaparecidas antes... todas estas condiciones generan criterios para que una línea de investigación sea por el delito de feminicidio.

La Procuraduría de Justicia del estado solo ha iniciado 17 procesos por este delito, los demás por homicidio.

Es decir, sólo el 12.5% de los asesinatos dolosos de mujeres en Puebla son consignados como feminicidios por la autoridad.

El problema es que el procurador no ha explicado claramente y de cara a la sociedad por qué 128 asesinatos de mujeres en Puebla no son feminicidios para él y para sus investigadores. No nos tiene que convencer, nos tiene que explicar.

De estos 17 casos, el Poder Judicial al parecer sólo ha emitido una sentencia, y es al parecer porque de manera oficial a través de su unidad de transparencia ha respondido dos cosas distintas: un caso sentenciado y ninguno, a diferentes ciudadanos que han preguntado.

Otra vez, la información no es confiable y por lo tanto tendría que revisarse minuciosamente, caso por caso.

El Congreso del Estado y sus comisiones han argüido que la única facultad que tienen ante la situación es legislar, aumentar penas, reformar.

A las y los diputados de Puebla se les ha olvidado que representan a un poder distinto del Ejecutivo y que es su facultad ejercer la vigilancia entre los poderes, esto quiere decir que pueden implementar acciones para que la información, y sus indicadores, sobre la situación de la violencia contra las mujeres, sea transparente, consistente, útil. Que le permita a la sociedad saber el estado de las cosas y ser partícipe de la toma de decisiones sobre la prevención, la detección, la atención y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para cambiar las cosas necesitamos saber. Queremos saber. Exigimos saber.

¿Cómo podemos evaluar la política pública si hay un vacío de información sobre víctimas de violencia, tratamiento a los casos, evaluación de los diferentes modelos que cada dependencia aplica, tratamiento a los perpetradores, indicadores de cumplimiento de los protocolos de atención a víctimas, uso de los presupuestos?

Por ello, desde el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC proponemos:

Que el Congreso del Estado, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos convoquen a la conformación de una comisión revisora de todos los casos consignados por el Ministerio Público como homicidios dolosos en los que el sujeto pasivo del crimen sea una mujer desde que existe el tipo penal feminicidio para el estado de Puebla.

Que toda la administración pública estatal y las municipales homologuen las fuentes de información y los indicadores para generar un diagnóstico amplio sobre la situación de la prevención, detección, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Que este diagnóstico sea llevado a cabo por organizaciones civiles e instituciones académicas y con el aval de agencias de cooperación del sistema ONU.

Que con base en este diagnóstico se reformulen las políticas públicas, sus presupuestos y los indicadores cualitativos de las mismas. 

Esos serían apenas los primeros pasos. El camino es muy largo, caminarlo vale la pena: la vida y la seguridad de las mujeres es lo que está en juego.