Como parte de la reorganización del sistema de justicia penal por la implementación de los juicios orales, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) cerró parcialmente sus comandancias y Ministerios Públicos regionales ubicados en la Sierra Norte.

Sin embargo, la medida provocó confusión y molestia entre los funcionarios, abogados y usuarios debido a que no fueron oportunamente informados de la determinación, sino hasta que llegó la mudanza con la orden de cerrar y desalojar las oficinas de la Policía Ministerial y Agencias del Ministerio Público en la zona de Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán y Venustiano Carranza

En la tarde de este lunes la PGJ envió un comunicado en el que se indica que el hecho busca “ajustar la presencia de la institución garantizando sus servicios”. No obstante fuente de la dependencia informaron a CENTRAL que el cierre se dio porque el gobierno ya no quiere pagar las rentas de las oficinas regionales.

Parte de los agentes del Ministerio Público retirados serán integrados al nuevo Sistema Penal Acusatorio de Justicia, además las agencias funcionarán ahora como fiscalías.

Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia al norte del estado —el 22 de mayo pasado— los agentes del Ministerio Público tienen que iniciar y consignar todas las carpetas de averiguación en la subsede de Zacatlán, debido a que la Casa de Justicia en Huauchinango no será terminada hasta el próximo mes de septiembre.

Parte de los funcionarios tendrán que ser capacitados y asignados a las nuevas casas de justicia que son construidas ex profeso para los juicios orales.

Según fuentes al interior de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia en el Estado (CEAMPAJ) —órgano encargado de la implementación del nuevo sistema—, la medida obedece a la reasignación de funcionarios públicos, pues en las casas de justicia debe haber al menos un Ministerio Público capacitado para abrir las carpetas de investigación.

No obstante, de acuerdo a la versión del diario digital e-consulta, el personal desalojado de las delegaciones regionales de la PGJ recibieron la notificación de empacar todo y concentrarse en la Ciudad de Puebla. Asimismo el mobiliario, equipo de cómputo, vehículos y armamento también fue recogido y llevado al Edificio Bicentenario de la Procuraduría en la capital del estado.

El área de prensa de PGJ informó que las oficinas del Ministerio Público laboran normalmente y que los movimientos se dan “para responder a las nuevas exigencias” y por la reorganización de las Casas de Justicia que se incluyen dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Por lo anterior, comandancias de la Policía Ministerial ajustan su operatividad basada en asignaciones específicas establecidas desde la Dirección General de la Policía Ministerial, en tanto que las agencias de Ministerio Público continúan funcionando en las regiones”, indica el comunicado. 

El documento señala que las Policías Ministeriales que se ubican en las instalaciones de las presidencias municipales se mantendrán ahí. Según trabajadores de la PGJ, los ayuntamientos se harán cargo de estos espacios.

Se manifiestan abogados de Huauchinango

Al menos 50 abogados litigantes de se manifestaron en la Presidencia Municipal de Huauchinango exigiendo al alcalde, Gabriel Alvarado Lorenzo, que interceda ante el gobierno estatal para la reapertura de las oficinas de la Agencia del Ministerio Público y de la Policía Ministerial.

El edil atendió a los litigantes y se comprometió a hablar con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y acercarse a la Dirección de Averiguaciones Previas para que reconsideren el cierre de las delegaciones regionales de la PGJ.

Según informaron fuentes de CENTRAL en la zona de Huauchinango, la manifestación inició alrededor de las ocho de la noche a raíz de una reunión del Ilustre Colegio de Abogados de Puebla.

El pasado 21 de mayo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Puebla arrancó a medias, pues de las cuatro salas de juicios orales de la Zona Norte y Sur que debían estar operando, únicamente dos fueron instaladas en espacios temporales.

Según publicó CENTRAL, la casa de justicia en Huauchinango tiene un avance del 30 por ciento; la obra de 28 millones 669 mil 965 pesos es construida por la empresa Constructora Melare SA de CV bajo el número de contrato OP/LPNN46/SI-2013105.

En situación similar se encuentra la casa de justicia de Izúcar de Matamoros, pues tiene apenas un avance del 26 por ciento; esta obra está a cargo de la empresa Diseño  y Acabados Construgrava, tiene un costo de 28 millones 699 mil 265 pesos bajo el número de contrato OP/LPNN48SI-20131054.

De acuerdo con el portal de transparencia, la casa de justicia que se construye en Acatlán —subsede de la zona sur— tiene un avance del 52 por ciento, costó 15 millones 382 mil 714 pesos y está a cargo de la empresa Aspe y Asociados bajo el número de contrato OP/ADF048/SI-20131052.

En tanto, la subsede de Zacatlán —correspondiente a la zona norte— tiene un avance del 48 por ciento, costó 15 millones 419 mil 735 pesos y está también a cargo de la empresa Aspe y Asociados con el contrato OP/ AD/SI-20131053.