El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza reveló que ante el órgano internacional al que pertenece no ha llegado alguna denuncia o queja contra el gobierno del Rafael Moreno Valle por el uso excesivo de la fuerza pública contra los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio. Asimismo hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Vallea controlar y regular el uso de la fuerza pública en el estado.

El ex ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del DF  sin embargo, aseguró que conoce el caso Chalchihuapan y tachó de inadmisible y preocupante la forma en la que el estado utilizó a las fuerzas policiacas para reprimir un reclamo social, que desembocó en la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatlie.

Conocemos el caso donde perdió la vida el joven, son hechos que nos preocupan muchísimo, no puede ser que en un tema donde haya un reclamo social la resultante sea que haya un niño muerto, eso son hechos que sin duda deben llamar a regular el uso de la fuerza”

En este sentido, Álvarez Icaza señaló que la Comisión Interamericana no puede intervenir en el caso Chalchihuapan hasta que se hayan agotado todos los recursos e instancias en el país y si los afectados quedaron insatisfechos con los resultados. Insistió que solo de esta forma la Comisión podrá comenzar con las investigaciones necesarias.

"No hemos intervenido porque la Comisión interviene una vez que se agotan los recursos internos y todavía continúan los recursos en este país corriendo curso… Si a criterio de los peticionarios, estas no tienen un resultado satisfactorio, podría recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana”.

En entrevista previo a la inauguración de la Cumbre Interamericana de la Sociedad Civil, el secretario ejecutivo de la CIDH aseguró que el gobierno debe comenzar a realizar trabajos para regular y controlar el uso de fuerza pública así como de la profesionalización de los elementos policiacos con la finalidad de que se eviten situaciones como la del caso Chalchihuapan, el caso de Iguala o el mismo caso de Tlatlaya.

Son hechos que sin duda deben llamar a regular el uso de la fuerza, no puede darse una respuesta del estado de esa naturaleza (...) El estado y el gobierno tiene la facultad de la fuerza, pero es indispensable que esta se regule, se monitoreé, se controle y se evalúe (...) Uno de los grandes pendientes de la república mexicana es la profesionalización de sus cuerpos policiacos”.

Respecto al caso de Iguala, en el que fuerzas del orden público agredieron con armas de fuego a estudiantes de la normal de Ayotzinampa, el representante de la Comisión Interamericana reveló que el organismo emitió al gobierno federal una medida cautelar para proteger la integridad de las personas que pudieran estar implicadas y que corran peligro de perder la vida. Igualmente tachó de grave la situación pues involucra a funcionarios públicos, policías y del propio crimen organizado.

La CIDH emitió una medida cautelar, un instrumento que no califica el fondo, es mandar una alerta el estado mexicano de que hay personas que están en riesgo y que tiene una condición de que debe ser protegida. Es un mensaje muy fuerte, muy poderoso de la CIDH, la comisión se ha expresado públicamente, son hechos muy graves y que haya servidores públicos lo agrava más”.

Finalmente, Álvarez Icaza sentenció que México pone en riesgo su prestigio internamente y a nivel internacional en la resolución del caso de Iguala.

Creemos que en cómo se resuelva este caso, se juega parte del prestigio internacional de México”.