Tras pasar 28 días encarcelados injustamente, los 4 pobladores de Chalchihuapan detenidos el pasado 9 de julio en el operativo que llevó a cabo el gobierno de Rafael Moreno Valle para despejar la autopista Puebla-Atlixco por fin salieron en libertad tras pagar una fianza de 7 mil pesos.
Las escenas sacaron lágrimas de quienes presenciaron la liberación, con el paso entorpecido por el desgaste de los días tras las rejas, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo, salieron a reencontrarse con sus familias, con el único consuelo del: ¡Usted disculpe, nos equivocamos!
Y es que los 4 pobladores fueron detenidos antes de que iniciara el operativo de la Policía Estatal para despejar la manifestación, escogidos al azar para ser llevados a Centro de Readaptación Social de San Pedro Cholula, en donde los acusaron injustamente de motín, privación ilegal de la libertad y hasta homicidio en grado de tentativa.
Todos declararon ante el juez penal de Cholula, Alejandro León Flores que sólo estaban parados mirando la movilización de sus paisanos y el arribo de los granaderos al lugar cuando, minutos antes de que iniciara el operativo, fueron detenidos sin más.
El caso más escandaloso es el de Santiago Pérez Tamayo, quien tiene 75 años de edad y asegura, con lágrimas en los ojos que sólo iba pasando por la carretera cuando de pronto fue detenido.
La familia de Antonio Víctor Montes Contreras, de 58 años, narra que se encontraba arriba del puente “de mirón nomás” cuando fue detenido por un grupo de más de 5 uniformados, quienes, a pesar de la resistencia, lo arrastraron hasta la patrulla.
La historia se repite con Félix Xelhua Montes y Sergio Clemente Jiménez Tecalero.
El 9 de julio, cuando los 4 pobladores fueron detenidos, les fueron imputados 8 delitos, desde privación ilegal de la libertad, motín y hasta homicidio en grado de tentativa. El viernes primero de agosto la Procuraduría General de la República (PGR) envió un comunicado de prensa para informar que se retiraban los delitos graves contra los pobladores y que sólo tendrían que pagar fianza por ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.