A pesar de que Roberto Flores Toledano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), aseguró que Puebla lleva un adelanto “envidiable” a nivel nacional en la implementación del nuevo sistema penal de justicia, se deslindó del tema referente al retraso en la infraestructura donde se realicen los juicios orales en los distintos distritos judiciales, asegurando que esa tarea es responsabilidad de Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración Justicia en el Estado (CEAMPAJ), encargada de articular las modificaciones correspondientes.

Tras formar parte de la mesa de ponentes en el foro de Derecho, Políticas Públicas y Administración Pública, realizado en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, el magistrado presidente TSJE indicó que los recursos y su distribución competen directamente a la CEAMPAJ.

—¿Cuál es el avance que representa en este momento la implementación del nuevo sistema, ha habido señalamientos de retrasos?— se le cuestionó.

—El tema de recursos no me compete a mí, el órgano implementador es el que tiene el tema de los recursos, cuánto cuesta y demás, yo solo soy una parte en esta dinámica, es el órgano implementador. Yo no, para el 2016 estaremos cumpliendo— comentó Flores Toledano.

Como se sabe, para que México cumpla con los requisitos internacionales en la modificación de su sistema de justicia, en 2008 se estableció como plazo límite ocho años para la implementación del esquema oral, por lo que a más tardar en el mes de junio del 2016 deberá ya estar operando en el país.

Puebla tuvo un retraso en la implementación escalonada del sistema, la segunda etapa de este se aplazó para el 2014 en los distritos judiciales de Huauchinango e Izúcar de Matamoros.

En el estado únicamente opera la casa de justicia de Teziutlán en donde se han desahogado apenas cinco juicios orales.

Incluso, recientemente una organización no gubernamental de abogados poblanos señaló que tanto la Procuraduría General de Justicia como el Tribunal Superior hacían oídos sordos cuando se les pedía capacitación para que pudieran conocer del tema.

Ante la lentitud, pasividad y corrupción de las autoridades de justicia en el estado de Puebla para implementar el nuevo sistema penal acusatorio, la Asociación de Abogados Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos dio a conocer que iniciaría su propia sala de prácticas para los juicios orales, pues consideraron que para la efectividad de estos, se requiere pleno conocimiento de este tipo de sistema penal.

Sin embargo, el magistrado presidente consideró que Puebla está cumpliendo con tiempos y va a la cabeza a nivel nacional en el método en que ha desarrollado la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia.

El avance ha sido sustancial, incluso no solo lo digo yo, lo han dicho autoridades federales, de que Puebla se puede tomar como ejemplo, de cómo hemos desarrollado e implementado el sistema de juicios orales (…) Incluso lo presumo, han pedido de otros estados de la república que muestre el avance que hemos tenido con la casa de justicia de Teziutlán y a principios del año entrante estaremos inaugurando las respectivas casas de justicia, por lo que respecta a la segunda región y la tercera región.

Como publicó CENTRAL,  Fierro Sosa es el responsable del atraso en la implementación de los juicios orales en Puebla, puesto que él mismo desde la administración de Mario Marín Torres detuvo el nuevo sistema de justicia penal debido a que no presupuestó en ese entonces el presupuesto necesario para su arranque en el 2011.