Miguel Ángel López Ortiz, detenido hace una semana con dos rifles R-15 en la caseta de Amozoc en la autopista Puebla- Orizaba, fue consignado al penal de Tepexi de Rodríguez por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), luego de que le fuera levantado el arraigo en el que era mantenido desde el miércoles 29 de enero.
Mientras tanto, Belén González Rodríguez, quien también fue detenida junto con López Ortiz, sigue bajo arraigo a pesar de que sus representantes presentaron ya los amparos 129 y 140 promovidos ante el Juzgado Sexto de Distrito, bajo el argumento de que no existen pruebas de que tuviera conocimiento sobre el traslado de las armas.
Ayer a las tres de la tarde se dio el movimiento de Miguel Ángel López, a quién se le calificó como de alta peligrosidad y debido a esto se le envió al penal federal. Sin embargo, en sus declaraciones López señaló que su acompañante no tenía nada que ver con el traslado del arsenal de grueso calibre.
La defensa de Belén González, integrada por la Firma Jurídica León, informó a CENTRAL que serán promovidas pruebas periciales con expertos en el Protocolo de Estambul quienes determinarán si la detenida fue incomunicada de manera ilegal o si fue sujeta de incomunicación y tortura. Víctor León, el abogado de Belén González, detalló que ofrecerán pruebas a través de los peritos en materias de psicología, criminalística y medicina forense.
La pareja fue detenida en la caseta de Amozoc la madrugada del martes luego que en revisión les fueran decomisados dos rifles de asalto R-15, cuando viajaban en una camioneta Ford Escape placas YEB5617 correspondientes al estado de Veracruz.
Los detenidos refirieron que se trasladaban hacia Tepeaca con los dos rifles R-15 calibre 223, cuatro cargadores, 85 cartuchos útiles, un radio comunicador, cuatro teléfonos celulares, un par de esposas así como un chaleco antibalas.
Es importante destacar que la PGJ en la administración de Rafael Moreno Valle ha optado por utilizar el proceso de arraigo como un método para integrar averiguaciones previas a la medida de los detenidos.
Incluso la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla informó a finales del 2013 que al menos en 20 casos se ha solicitado su intervención debido a la desaparición de personas que resultaron en situación de arraigo domiciliario por parte de la PGJ.