Doce meses después de la muerte de su hijo durante un enfrentamiento entre policías y habitantes en san Bernardino Chalchihuapan, Puebla, Elia Tamayo Montes recibe todavía ofrecimientos de “apoyos” para que deje de pedir castigo para los culpables del crimen. En la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle Rosas, admite, no es fácil alzar la voz ni pedir justicia porque a quien lo haga “le dan cárcel”.
El 19 de julio de 2014, Elia se enteró por medios de comunicación que su hijo José Luis, de 13 años, había muerto por un paro cardiorrespiratorio.
José Luis Alberto Tehuatle Tamayo cursaba el segundo de secundaria, allá en la comunidad poblana. Tenía muchos sueños y era muy alegre, dice su madre. El 9 de julio del año pasado, su vida cambió: el adolescente fue alcanzado por una bala de goma en medio de un enfrentamiento entre la Policía del Estado y manifestantes que realizaban una protesta en la Autopista Siglo XXI en demanda de que se regresará a esta población la oficina del Registro Civil.
El menor todavía presentaba signos vitales luego del impacto, pero el proyectil le ocasionó muerte cerebral al instante.
Cuando fue a pedir informes con los médicos, los responsables de salvarle la vida a su hijo querían que Elia firmara documentos que deslindaban de cualquier responsabilidad a la administración del Gobernador Moreno Valle Rosas. Pero no lo hizo, a pesar de que no estaba en sus cinco sentidos, recordó en entrevista para SinEmbargo.
En aquel entonces, el corazón de Elia estaba destrozado. No había nada, sólo tristeza, pero luego vinieron irregularidades, omisiones impunidad…
–¿No es fácil tomar el control, cómo le hizo? –se le preguntó.
–Al principio me dio mucho dolor y tristeza de perder a mi hijo pero le pedí fuerzas a Diosito y me dio ánimo para luchar –contestó.
-¿Contra qué luchó en un primer momento?
–Querían que me callara, querían comprar mi silencio… Yo quería justicia. –Recuerda la señora Tamayo, quien es madre soltera y también habitante de San Bernardino Chalchihuapan.
–¿A un año, han intentado comprar su silencio?
–Le digo que desgraciadamente sí. Apenas esta semana llegaron unas personas a la casa ofreciéndome “apoyos”, pero yo les dije que eso no es lo que yo estoy pidiendo [que haya paz y justicia para los poblanos y todos los niños].
–¿Era gente de Moreno Valle?
–No sabría decirle pero, ¿de quién más pueden ser?
–¿Cómo se siente hoy?
–Con fuerzas, con dignidad, de pie y en pie de lucha. Y así seguiré. Yo ya no quiero más muertes, no quiero más violencia. Ya no más atropellos, porque en Puebla si hay una persona que alza la voz le dan cárcel. No nos merecemos eso, somos ciudadanos que merecemos respeto. Moreno Valle piensa nos puede quitar todos nuestros derechos que nos pertenecen. No se vale. Necesitamos justicia, paz y tranquilidad para nuestro pueblo.
LA CNDH Y MORENO VALLE
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entonces encabezada por Raúl Plascencia Villanueva –a quién se le atribuyó una relación cercana con el mandatario poblano– emitió en septiembre pasado once recomendaciones al Gobernador.
A la fecha, el mandatario estatal no las ha acatado, aseveraron familiares de personas que se encuentran detenidas tras el desalojo de la carretera el 9 de julio de 2014.
El defensor de los derechos de la infancia, Alan Jiménez, detalló tampoco que el organismo no se ha pronunciado al respecto, sino que incluso “ha guardado silencio y por tanto es cómplice”.
El activista explicó que las recomendaciones constan en que se castigue a los responsables de la muerte de José Luis, y uno de los principales acusados es el Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, quien ordenó el operativo; que se realice una disculpa pública; libertad a los seis presos políticos; que se otorgue la reparación de daño; que se brinden condiciones de paz y seguridad en la entidad, entre otras.
“Queremos que asuma su culpa el estado de Puebla, que dé disculpas públicas a Elia donde estén presentes medios de comunicación y activistas y no solamente funcionarios y acarreados”, aseguró Alan Jiménez.
Los pobladores de Chalchihuapan denunciaron también que viven amenazados por el gobierno de Moreno Valle y han sido víctimas de intimidaciones, persecución y hostigamiento.
Frente a las puertas de la CNDH, en la Ciudad de México, donde ayer realizaron un mitin informaron que existe una campaña de desprestigio contra las acciones de protesta que se realizarán este mes durante todo el mes.
El operativo policiaco de hace un año dejó un saldo de decenas de heridos, seis presos políticos y la muerte de un menor de edad. A 365 días de aquellos hechos, la situación en la que han vivido los habitantes de Chalchihuapan no hay cambiado mucho.
A la fecha no hay ni un sólo funcionario detenido por el desalojo.
PRESOS POLÍTICOS Y FALSOS ACTIVISTAS
De acuerdo con distintos grupos de actvistas, en Puebla existen 134 personas detenidas en las cárceles de Moreno Valle. Muchos han sido acusados de motín, ataques a las vías de comunicación y boicot, entre otros, pero su verdadero crimen, dicen, fue ser activistas, maestros, personas que no querían ser desterradas, han denunciado por medio de comunicados.
Elia ha levantado la voz en todo momento. Incluso, dijo, ha sido traicionada por organizaciones civiles que “se han disfrazado” o de legisladores que “quieren lucrar con el dolor”.
En noviembre pasado, Elia Tamayo fue expulsada del Congreso de Derechos de la Infancia, donde en un principio había sido invitada, y según contaron los expertos que participarían, la acción se realizó a petición del Gobernador de Puebla.
Pero para la madre de José Luis eso no la iba a detener. Su caso ha dado la vuelta al mundo e incluso ha viajado a otros países donde se han realizado distintos eventos en memoria de su hijo.
En tanto, la mujer aseguró que espera que el Papa Francisco I se sume a la causa. Adelantó que le escribió una carta para que en su visita a Bolivia el máximo pontífice conozca el caso y pueda interceder ante el Estado mexicano.