Puebla se encuentra dentro de las entidades que obligan a las mujeres que están presas a someterse a métodos de anticoncepción como condicionante para tener derecho a  las visitas conyugales, según reportó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De acuerdo con la investigación llegada a cabo por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), en Puebla, Querétaro, Guanajuato y Guerrero, el 17 por ciento de las reclusas entrevistadas reportaron haberse sometido a métodos de anticoncepción por obligación y no por deseo propio.

Para esta organización esto es un “problema grave de contracepción forzada en los centros de reclusión” que debe ser atendido por las autoridades.

En el caso de atención a la anticoncepción, la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle aseguró que cuenta con promotores voluntarios que ayudan a las traducciones a lengua Náhuatl, Totonaco, Mixteco, Popoloca y Otomí, sin embargo no informaron ni el número de voluntarios ni en qué centros se encuentran ubicados.

En el tema de “violencia obstétrica”, este estudio reveló que Puebla se encuentra en tercer lugar en número de quejas contra trabajadores del sector Salud por atención obstétrica, es decir durante el embarazo y al momento del parto.

Puebla reportó 16 casos, colocándose solo por debajo del estado de México, con 35; y de Jalisco, con 28.

Además, en esta entidad, las mujeres son cuestionadas sobre el método de anticoncepción que usarán durante el trabajo de parto, y en ese momento deben firmar un documento para su autorización.