A más tardar la próxima semana Elia Tamayo Montes denunciará al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por el homicidio de su hijo, José Luis Tehuatlie, a manos de los policías estatales tras el violento desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.
Arturo Rivera Pineda, representante legal de la madre, declaró en entrevista telefónica a CENTRAL que ya analizan a qué autoridades acudir para denunciar el homicidio y proceder penalmente contra el gobernador, puesto que no confían en las autoridades de Puebla.
Además, la defensa de Elia Tamayo y los heridos de Chalchihuapan también procederán contra la administración morenovallista y la Secretaría de Seguridad Pública por la posesión ilegal del armamento usado el 9 de julio pasado para dispersar a los manifestantes.
Y es que recordó que fue el propio secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas quien mostró supuestos oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se informó que el gobierno poblano no contaba con balas de goma, proyectiles de gas o armamento para desactivar las manifestaciones.
El abogado Rivera Pineda informó que hasta el momento el gobierno del estado no ha tenido comunicación alguna con los 9 mutilados de Chalchihuapan ni con la madre del niño José Luis Tehuatlie y únicamente conocen del fideicomiso para el pago de indemnizaciones solo por las declaraciones hechas por Juan Pablo Piña, jefe de la Oficina del Gobernador de Puebla.
Necesitamos hacer las diligencias necesarias con el fiscal José Antonio Pérez Bravo, porque no hemos concretado nada. No ha entrevistado a nadie ni hemos tenido contacto con él. De todas las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente el gobierno ha cumplido el de integrar una fiscalía y no hemos tenido contacto”, comentó Rivera Pineda.
El abogado criticó que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia no ha tomado ninguna declaración los pobladores que resultaron severamente lesionados durante el desalojo, por lo que analizan el delito por el cual puedan denunciar a la autoridad poblana ante la Procuraduría General de la República:
No tienen ni una declaración de ellos. Esperamos aún a que tomen declaración de los lesionados, por eso estamos reflexionando sobre la conveniencia sobre ir a la Procuraduría General de la República (PGR) Hemos querido mantener cautela y estar atento a las decisiones del gobierno del estado por eso…”
El abogado aseguró que se agregarán peritajes de balística para identificar las heridas del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y de los 9 mutilados, además del oficio exhibido por Facundo Rosas donde supuestamente se certifica que Puebla no cuenta con armamento no letal para dispersar manifestaciones.
En este punto, Rivera Pineda señaló que se pone en duda de donde proviene el arsenal usado el 9 de julio.
La pregunta que nos asalta es de dónde salieron las municiones. La gente de Chalchihuapan no las compró ni las fabricó. Entonces si no había permiso para usar ese armamento el gobierno del estado cayó en omisiones bastante graves y que entran en jurisdicción federal, por eso podríamos atender ante PGR”, detalló el abogado.
El 21 de septiembre CENTRAL informó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados confirmó la responsabilidad de Rafael Moreno Valle en el violento operativo del pasado 9 de julio en Chalchihuapan y reveló que el gobierno de Puebla utilizó balas de goma contra los pobladores, por lo que esta prueba será utilizada para la denuncia penal que presentarán las víctimas en contra del mandatario estatal.
La investigación espejo realizada por la Asociación de Asistencia a Víctimas y Grupos Vulnerables, a petición de los diputados federales, contradice los resultados del peritaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazó que en el operativo se hayan usado balas de goma y determinó que el niño José Luis Tlehuatle murió por el impacto de un proyectil de gas en la cabeza.