El conflicto político-social que se vive en San Miguel Canoa ya comenzó a afectar a los candidatos a diputados federales por el distrito 6, luego de que esta mañana los pobladores de dicha demarcación vetaran a los abanderados pues dijeron no permitirán que se lleven a cabo las elecciones.

La primera en padecer el bloqueo fue la priista Xitlalic Ceja, luego de que fuera echada por pobladores de dicha junta auxiliar cuando intentaba realizar actos de proselitismo.

“Entiendan, aquí no habrá elecciones, ¿cómo se atreven a visitar las casas y dar la mano a las personas que más tarde traicionarán?”, señalaron algunos vecinos a e-consulta

“¿Qué chingados quieres aquí?” fue la voz unánime de mujeres de la demarcación cuando arribó la candidata tricolor, Xitlalic Ceja García. Por tal razón la priista no hizo ningún intento de acercarse a los habitantes de Canoa y decidió irse.

Cabe señalar que la candidata se limitó a llamar por teléfono y a escuchar la advertencia de no regresar a San Miguel Canoa.

Del mismo modo, los vecinos de una de las juntas más pobres del municipio amagaron con echar a cualquier abanderado de cualquier partido que pretenda acudir a solicitar el voto. 

El problema político-social que ha afectado a Canoa en los últimos meses surgió cuando el pasado 2 de noviembre de 2014 se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó a Raúl Pérez Velázquez, alcalde auxiliar de esta demarcación ante el Juzgado Cuarto de lo Penal por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, por lo que fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla.

Pérez Velázquez fue acusado por un empleado de la empresa Concesiones Integrales, la cual actualmente opera el SOAPAP. El expediente contra el edil de Canoa nace a raíz de que el 18 de octubre, junto con otras personas, bloqueó el paso a un vehículo de la empresa en el que viajaban el denunciante y otros empleados de la empresa encargada del servicio de agua potable en la capital.

Raúl Pérez Velázquez es considerado uno de los presos políticos del gobierno de Rafael Moreno Valle por su abierta oposicion al retiro del Registro Civil y aunque  ha ganado dos amparos, su liberación no se ha conseguido debido a audiencias aplazadas y la nula disposición de las autoridades judiciales de atender el tema.