La Procuraduría General de Justicia (PGJ) detuvo al juez penal de Huejotzingo, José Alejandro Ramírez Cante, acusado de dictar auto de formal libertad a favor de dos homicidas; con esto, suman ya cuatro jueces del Poder Judicial del estado de Puebla involucrados en investigaciones o acusados por cometer delitos en contra de la administración de justicia.
La PGJ boletinó la detención de Ramírez Cante luego que la Fiscalía General Regional a través del agente del ministerio público obtuvo la orden de aprehensión del juez penal de Ciudad Serdán, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, quien incluso supervisó la detención de su compañero togado.
A Ramírez Cante se le detuvo por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público. Fuentes de CENTRAL indican que el caso fue únicamente utilizado para poder proceder en contra de Ramírez Cante, y después, reasignar su plaza a otro juez cómodo para Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como ha ocurrido con otros funcionarios judiciales.
Según la información brindada por la Procuraduría, el 23 de enero del 2013, el juez Ramírez Cante resolvió la situación jurídica de dos personas acusadas de homicidio calificado.El expediente enviado por la PGJ, supuestamente no estaba bien integrado para el juez por lo que exculpó a los dos acusados de homicidio y les dictó el auto de formal libertad. Sin embargo, el agente del ministerio público encargado del caso apeló y además acusó al funcionario judicial de haber sido coaccionado económicamente para que liberara a los acusados.
El juez Carlos Guillermo Ramírez —quien antes laboraba como agente ministerial y que colocado como juez del Poder Judicial con la llegada de el presidente Roberto Flores Toledano — obsequió la orden de aprehensión correspondiente, por lo que el viernes por la mañana se detuvo a Ramírez Cante. Este fin de semana el juez Ramírez Cante ingresó al centro de readaptación social de Ciudad Serdán
Con Ramírez Cante suman ya cuatro los togados contra los que ha procedido la Procuraduría General de Justicia por delitos cometidos en contra de la administración de justicia. Entre ellos se encuentra la juez civil de Teziutlán, Maritza Flores Hernández, quien se encuentra amparada para evitar la orden de aprehensión girada en su contra por la pérdida de expedientes del juzgado.
Un segundo caso es el de Jesús Sánchez Jiménez, el ex juez de Chiautla de Tapia quien fue detenido e ingresado al penal de San Miguel en Puebla y aunque ya fue liberado, no se le permitió regresar al Poder Judicial. Además, recientemente el juez de Tepeaca, José Luis Arenas sobre quien pesa una investigación por evasión de reo y por una serie de irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales de su despacho.