La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que el arraigo ejecutado por procuradurías estatales es inconstitucional, no afectará a Puebla toda vez que la detención preventiva en el estado está prevista desde antes de la reforma penal del 2008, aseguró el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget.

El pasado martes 25 de febrero la SCJN declaró inválido el artículo 291 del Código Penal de Aguascalientes, mismo que permitía arraigar a personas imputadas de delitos graves y perseguidos por la justicia de dicha entidad.

De acuerdo con los magistrados la situación aplicaría de la misma forma en el resto de las entidades federativas al generarse jurisprudencia en el caso.

Debido a esto, al menos 21 personas detenidas bajo la figura de arraigo en Puebla podrían salir en libertad si la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no consigna sus casos antes de que entre en vigor la determinación de la Suprema Corte, pues esta atribución sólo podrá ser aplicada por autoridades federales y en casos de delincuencia organizada.

Sin embargo Carrancá Bourget insistió que la resolución de la SCJN no afectaba a los Códigos Penales de otras entidades federativas.

La SCJN hizo el análisis de dos cuestiones fundamentales: si esa resolución de la Corte afectaba a los códigos de otras entidades federativas, a lo cual se concluyó que no, y qué sucedería cuando se declarara inconstitucional un arraigo con las pruebas que se desahogaron durante el término del arraigo y eso quedó abierto (a discusión)", detalló.

No obstante abogados consultados por CENTRAL aseguran que los arraigados, una vez consignados ante los jueces locales, pueden acudir a instancias federales para buscar su libertad utilizando la jurisprudencia ya avalada por la SCJN.