José Alfredo Arango García, el único ex funcionario encarcelado de la administración que encabezó Mario Marín Torres de un grupo de 40 ex servidores públicos investigados y hasta perseguidos por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, obtuvo su libertad el sábado pasado tras el pago de un millón y medio de fianza, cantidad que resulta pírrica si se le compara con los 57 millones de pesos que se le adjudicaron como monto de enriquecimiento ilícito.

Arango García es el único de 40 marinistas sometidos a pesquisas que ha pisado la prisión. El hecho de que hasta ahora sólo él haya estado tras las rejas y que ahora se encuentre en la calle, refuerza las suspicacias acerca de que las acusaciones y pesquisas que ha realizado la gestión morenovallista contra funcionarios de la administración anterior sea más un ardid de naturaleza política y propagandística que un asunto de real interés por castigar el presunto manejo anómalo del erario.

El pasado sábado, un par de semanas antes de que cumpliera dos años en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, el ex secretario de Salud logró su libertad.

De esta forma el marinista, sobre quien pesa además un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades por el manejo de 8 mil millones 464 mil 383 pesos, se libró de purgar la sentencia por cuatro años de encierro que le dictó el Juez Octavo de Defensa Social, Celestino Martínez Bones.

Buscados por La Jornada de Oriente para que expliquen cómo marcha el proceso de investigación sobre esos casi 8 mil 500 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de la Secretaría de Salud en 2010, ningún diputado de la LVIII Legislatura integrante de la Comisión Inspectora contestó su teléfono celular.

Desde su campaña y al inicio de su gestión, el panista Moreno Valle insinuó que la administración de su predecesor, el priista Marín Torres estuvo plagada de corrupción y que muchos de sus servidores públicos de primer y segundo nivel se habían enriquecido a costa del erario.

José Alfredo Arango García fue detenido e ingresado al penal capitalino el 12 de enero de 2012. Se supo entonces que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tenía abiertas 40 averiguaciones previas contra sendos ex funcionarios marinistas y que obtuvo una decena de órdenes de aprehensión, de las cuales, hasta hoy, ninguna ha prosperado, salvo la del ex secretario de Salud.

Entre los señalados por uso anómalo de fondos públicos contra los que hay liberadas órdenes de aprehensión resaltan: el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez, quien es acusado de enriquecimiento inexplicable por un monto de 23 millones de pesos e incluso estuvo en la lista de buscados por la Interpol, aunque obtuvo un amparo que lo sacó de esa nómina, y el gobierno de Moreno Valle le inició otra indagatoria, obteniendo una nueva orden de aprehensión por el delito de peculado, la cual sigue vigente.

También destaca, el ex subdirector de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla, Rodrigo Lazcano Fernández, habría emitido y cobrado –a través de terceros– los cheques de al menos 130 pensionados del instituto que ya habían muerto, por lo que se estima que el monto del robo rondaría los 800 millones de pesos.

En una situación similar se encuentra, Juan Manuel Alcántara Silva, ex jefe del Departamento de Logística de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien tiene 17 denuncias penales en su contra por entregar supuestos permisos irregulares de mototaxis durante el sexenio pasado, además de que se le vincula con la repartición de más de 800 hologramas para avalar la circulación de este tipo de transporte en varios municipios. David Villa Issa, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, quien es investigado por enriquecimiento ilícito al cometer presuntas anomalías cuando se desempeñaba en ese cargo y manejaba el presupuesto estatal.

También Eduardo Macip Zúñiga, ex director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), es señalado por presuntos manejos irregulares del presupuesto y la supuesta compra de un pozo de agua que en realidad ya pertenecía al gobierno del estado.

Otros ex funcionarios marinistas con órdenes de aprehensión son: Víctor Manuel Hernández Quintana, ex titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), acusado de delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público.

También Efraín Ruiz Meneses, ex subsecretario de Obra Pública, Victoria Olivia Huerta Sánchez, ex directora de la misma dependencia.

Se especula, además, que Gerardo Pérez Salazar, ex secretario de Finanzas, es investigado por presuntas irregularidades en el manejo del erario, entre otras.

Privilegios

 Durante su estancia en el penal de San Miguel, Arango García gozó de privilegios que siempre fueron negados por las autoridades estatales.

El 30 de noviembre pasado, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, admitió que el ex secretario de Salud José Alfredo Arango García eventualmente había dejado el penal de San Miguel, pero advirtió que eso no constituía un privilegio, pues en la normatividad de los centros de Reinserción Social de Puebla se considera que los servicios médicos que necesite un interno y no puedan ser provistos dentro de las cárceles deberán ser brindados por instituciones externas.

Durante su estancia en la cárcel, diversos medios de comunicación dieron a conocer desde la semana pasada informaciones que el ex secretario de Salud abandonó en al menos cinco ocasiones, por espacios de hasta un mes, la celda que ocupaba en el Penal de San Miguel, ubicado en la capital estatal, para supuestamente atenderse problemas de columna vertebral en el Hospital de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Otras responsabilidades

Ayer, el portal e–consulta dio a conocer que el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad (IPADR), que se validó en el pleno del Congreso en contra de Alfredo Arango “fue un daño patrimonial por 6 mil 658 millones 657 mil pesos y una deficiencia administrativa por 1 mil millones 805 pesos.

“De las anomalías que el ex funcionario no solventó destacan una por 1 mil 585 millones de pesos por bienes patrimoniales no inventariados; otra por 18.6 millones de pesos por equipo médico y de laboratorio adquirido con precios inflados a los proveedores Villa Castel Industrial, Grupo Marbot y Suministradora Silicius; y una más por 118 millones por falta de documentación comprobatoria de obras de mantenimiento y conservación de inmuebles, licitaciones amañadas o adjudicaciones fuera de norma.

“En cuanto al daño patrimonial, se detectó el pago de 33 millones de pesos a favor de Farmacias El Fénix, sin que existieran facturas comprobatorias; 37 millones de pesos por gastos sin confirmar en servicios de lavandería, higiene y fumigación; 8 millones de pesos por compra de equipo médico y de laboratorio; además de 119 millones de pesos en gastos correspondientes al programa del Seguro Popular por mantenimiento y conservación de inmuebles”.

Fuente: La Jornada de Oriente