En 2014 se desató una epidemia en Puebla: policías trasmutaron en sangrientos secuestradores o en el peor de los casos, escandalosos homicidas. En los primeros 60 días del año, 11 elementos de seguridad han sido consignados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por casos de plagio y asesinato que han llenado de notas rojas la prensa poblana.
El mal ya había plagado al estado en el 2013; al menos 21 policías fueron detenidos por secuestro u homicidio. Sin embargo, apenas en dos meses de 2014 la cifra de servidores encargados de nuestra seguridad que se transformaron en criminales ya llegó a 11.
Patrullas, uniformes, armamentos, los recursos pagados por el estado y herramientas proporcinadas para el cuidado de los ciudadanos son usados contra ellos mismos en la mayoría de los casos.
De acuerdo a datos del procurador Víctor Carrancá Bourget, al menos 232 empleados de diversos niveles de gobierno —entre ellos agentes del ministerio público, policías estatales, ministeriales y municipales— han sido investigados por la PGJ por actos de corrupción o por algún delito.
El modus operandi, extorsión y secuestro exprés
El caso más reciente sucedió el 22 de febrero, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Moreno Pérez y Eulogio Hernández Calleja fueron encarcelados en el penal de San Miguel en Puebla por los delitos de extorsión y secuestro exprés.
Ambos agentes utilizaron su uniforme para realizar detenciones arbitrarias a presuntos responsables de un delito. De acuerdo a Intolerancia Diario, los agentes estatales exigían a los detenidos cifras económicas u objetos personales para dejarlos en libertad.
Ni las identidades ni los supuestos delitos de los detenidos fueron reveladas, pero la versión se confirmó luego de que consignaran e ingresaran al Centro de Readaptación Social a los uniformados.
El 18 de febrero el agente de la Policía Municipal de la capital, Josué Arias, también fue acusado y consignado por el delito de secuestro exprés. Fue la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Policía Ministerial del Estado la que llevó a cabo esta detención.
El caso Ana Lidia, detenida por policías de Amozoc
El 6 de febrero de 2014, Ana Lidia Peláez Flores circulaba sobre la carretera federal a Amozoc a bordo de un vehículo tipo Jetta cuando fue interceptada por una patrulla.
El vehículo pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Amozoc y en él viajaban los agentes Quirino Machorro Gómez y/o Jesús Ortega Gómez, alias "El Güero", Erik Luna Mozo y Ricardo Gutiérrez Alfaro.
La mujer fue sometida a golpes y asfixiada. Cuando pensaron que había muerto fue tirada de un puente de 40 metros de altura. Ana Lidia murió por el impacto.
Los uniformados pidieron a la familia de la joven 200 mil pesos por dejarla en libertad, a pesar de que la sabían muerta. Los familiares pudieron juntar 17 mil pesos y una pantalla plana.
El 14 de febrero acordaron con los familiares que el pago se realizaría afuera de la tienda Coppel de Amozoc. Debido a la denuncia de la familia de Ana Lidia Peláez Flores —quien era niñera en el fraccionamiento La Vista— la PGJ aprehendió a los uniformados municipales.
El secuestro y homicidio de un transportista
El 19 de enero del 2014, el cuerpo de Juan Eduardo González Flores —transportista de 29 años de edad— fue encontrado en el kilómetro 110 de la autopista Puebla-México, a la altura de la población de San Francisco Ocotlán.
Por este caso la PGJ inició una investigación en contra de seis elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. Incluso agentes de la Policía Ministerial y Estatal realizaron un operativo en el complejo de Seguridad Pública del ayuntamiento como parte de las indagatorias.
De los seis arraigados tres fueron consignados: Nicolás García Juárez, Miguel Cantor Alcaide y Yazmani Velázquez Hernández, a quienes les fincaron cargos por secuestro, homicidio y abuso de autoridad.
Después, se dio a conocer que los elementos de la Policía Municipal habían secuestrado al transportista a cambio de 50 mil pesos y un vehículo de su propiedad. Tras la entrega del dinero y el automóvil el empresario fue asesinado y su cadáver abandonado en el predio de la zona de Ocotlán.