Por orden del Juzgado 12 Civil, a cargo del juez Ismael de Gante López, fueron desalojados de su casa ubicada en Columbia número 7 del fraccionamiento Vista Alegre, los activistas defensores de derechos humanos Mariel Bonilla Dumit e Israel San Pedro Morales.

En rueda de prensa, Israel San Pedro explicó que los hechos ocurrieron el pasado miércoles 12 de agosto a las 9:30 horas y denunció que durante la acción mencionada se violentaron sus derechos humanos, pues elementos de la Policía Estatal los intimidaron y amenazaron con incriminarlos si oponían resistencia al desalojo.

Además, comentó que este hecho se suscitó luego de que expusiera días antes un posicionamiento en contra del nuevo secretario de Seguridad Pública en Puebla, Jesús Rodríguez Almeida. Por tal razón, no descartó que haya sido un acto de represión por parte de la autoridad.

Explicó que desde en el año 2003 la inmobiliaria Zendere, representada por María Leviña, procedió legalmente en su contra por supuestos adeudos de la propiedad. No obstante, pese a haber conseguido un amparo, este fue rechazado por el juez Ismael de Gante con la justificación de que no fue promovido en tiempo y forma.

Además, dijo que la autoridad siempre actuó a favor de la parte demandante, pues ni a él ni a Mariel Bonilla se les citó al juzgado para poder defenderse.

El juicio ordinario mercantil 1160/2010/ que radica en el juzgado 12 civil a cargo del juez Ismael de Gante López fue iniciado en el 2003 llamando a juicio como una de las demandas a Elvira Dumit Garzón, quien falleció en 1992, once años antes. No obstante, el procedimiento se llevó en rebeldía sin que hubiera representación legal conforme lo establece la ley”, dijo.

Por su parte, Mariel Bonilla Dumit añadió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presidido por Roberto Flores Toledano, ha favorecido a la inmobiliaria, pues en ningún momento han hecho caso a sus solicitudes para que este juicio se lleve conforme a la ley.

Por tal razón, pidió que la autoridad judicial resuelva este caso de la mejor manera, apegado a lo que dicta la ley y no beneficie solo a la parte actora.

Estos hechos evidencian la rede de corrupción y benevolencia hacia los intereses lucrativos y especulación inmobiliaria en la administración de justicia por encima de los derechos humanos”, asentó.