La Secretaría de Infraestructura del estado, encabezada por José Cabalán Macarí, deberá entregar cuatro casas de justicia a más tardar el próximo 21 de mayo, informó Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia en el Estado (CEAMPAJ).
En entrevista tras su participación en el foro estatal "La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas: Situación Actual, Perspectivas y Desafíos", Fierro Sosa dijo que con estas casas de justicia, estará lista la infraestructura donde se implementará el nuevo sistema oral en las zonas norte y sur del estado, por lo que sólo restará edificar los inmuebles de la zona metropolitana.
Detalló que esta región representa más del 50 por ciento de los procesos penales en el nuevo sistema acusatorio.
El titular de la CEAMPAJ comentó que aún no se puede hablar de un retraso en la instrumentación del nuevo sistema oral de justicia puesto que la fecha límite para la zona Norte y Sur corresponde al 21 de mayo del 2014 y la fecha fatal para que arranque el uso a nivel nacional es la segunda quincena de junio del 2015.
Aún no podemos hablar de un retraso. Tendremos que ver cómo han concluido las obras al 21 de mayo del 2014. Es una responsabilidad de Secretaría de Infraestructura en las cuatro casas de justicia", comentó Fierro Sosa.
Las casas de justicia a entregar en mayo del 2014 son las de Huauchinango, Zacatlán, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio. Según detalló el titular de la CEAMPAJ, se entregarán en fechas distintas debido a que cada proyecto consta de distintas variables en su infraestructura.
El plan de infraestructura que concluye con los espacios orales de la capital poblana aún está por definirse, aunque se prevé que se construya cerca de centro de Readaptación Social de San Miguel.
El pasado 4 de septiembre del 2013, CENTRAL publicó que a Luis Francisco Fierro Sosa, actual titular de la CEAMPAJ, se le señalaba como el principal responsable del atraso en la implementación de los juicios orales en Puebla, puesto que él mismo desde la administración de Mario Marín Torres detuvo el nuevo sistema de justicia penal al no presupuestar en ese entonces el monto económico necesario para su arranque en el 2011.