Según el informe “Alerta Nacional Sobre el Uso y Abuso de la Prisión Preventiva”, Puebla se encuentra entre las 11 entidades en las que 5 de cada 10 internos están prisioneros mientras la autoridad judicial investiga si en realidad son culpables
Puebla se encuentra entre los 11 estados que más se excede en el uso de la prisión preventiva en México, según el informe “Alerta Nacional Sobre el Uso y Abuso de la Prisión Preventiva”, elaborado por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), en el que se detalla que 5 de cada 10 internos se encuentran recluídos mientras se define si realmente son culpables.
Entre el 40 y el 50 por ciento de la población carcelaria en Puebla se encuentra en esa situación, porcentaje que comparte con otros 11 estados. Al menos el 43.09 por ciento de los reclusos mexicanos se mantienen bajo situación de prisión preventiva.
Los datos de ASILEGAL coinciden con el reporte "La cárcel en México, ¿para qué?" de la Asociación México Evalúa publicado en 2013 que indicaba un exceso en el uso en la prisión preventiva en el país y colocaba a Puebla entre los estados con más hacinamiento a nivel nacional.
Según el reporte, en Puebla los reclusos llegan a los 9 mil 486, de los que 4 mil 545 se encuentran detenidos como medida cautelar mientras los jueces penales consideran cuál será su situación legal.
En sobrepoblación, ASILEGAL coincide con México Evalúa y detalla que de las 22 prisiones en el estado se tiene un total de sobrecupo del 57.7 por ciento equivalente a 3 mil 474 reclusos.
Del mismo modo la organización de Asistencia Legal y México Evalúa coinciden en que de los 22 penales de Puebla, cinco cárceles concentran los primeros lugares de hacinamiento a nivel nacional.
Permanecen entre las cifras de este año la Cárcel Distrital de Tepeaca, donde conviven 282 internos en un espacio diseñado para 46, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula que alberga a 575 personas en un espacio destinado para 147.
Asimismo, se indica que el 48 por ciento de las personas privadas de su libertad se encuentran en proceso por delitos del fuero común y el 42 por ciento por ilícitos del orden federal.