Javier Pérez, hijo del ex edil Raúl Pérez Velázquez, quien se encuentra actualmente detenido en el penal, declaró que la población de San Miguel Canoa estará dispuesta a defender sus derechos como lo hizo Chalchihuapan ante cualquier confrontación del gobierno de Rafael Moreno Valle. 

En entrevista en la plaza principal de esta junta auxiliar, Javier Pérez sostuvo que aunque su lucha es de manera pacífica, no permitirán que el gobierno del estado realice una acción parecida a la de San Bernardino Chalchihuapan el pasado mes de julio.

El gobierno busca una confrontación, pero por nuestra parte no actuaremos de mala manera. Sin embargo, si ellos nos agreden nosotros tendríamos que defendernos, dijo el hijo de Raúl Pérez Velázquez.

Respecto a las acciones que ha tomado el gobierno en contra de los habitantes de Canoa, como lo sucedido esta mañana cuando arribaron alrededor de 50 elementos policiacos para resguardar la Presidencia Municipal. Javier argumentó que aunque la población no tiene temor de lo que pase, sí sienten enojo porque estos son actos de persecución.  

La población no tiene temor, lo que tiene es rabia porque ya es una persecución, aseguró.              

Calificó de “sospechosa”  la llegada de los policías este viernes, pues dijo que el gobierno pudo haber realizado esta acción aprovechando el día de la Virgen de Guadalupe por tal motivo, pensaba que no habría tanta gente en la localidad.

El gobierno pensó que no iba haber gente en Canoa por el 12 de diciembre; no obstante, como pueden observar estamos todos unidos, mencionó a los medios de comunicación.

Hoy a las 8:00 horas de este viernes, 50 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llegaron en 5 patrullas a la junta auxiliar de San Miguel Canoa para supuestamente recuperar la presidencia que se mantiene tomada por la población desde la detención del ex edil Raúl Pérez Velázquez, preso político del gobierno de Rafael Moreno Valle por oponerse al retiro del Registro Civil en su demarcación.

Tras notar la presencia de los policías, la población se reunió para estar al pendiente de cualquier situación que ocurriera.

En entrevista telefónica, Rocío Pérez detalló que los uniformados no les respondieron el motivo por el cual fueron enviados, pero responsabilizó al gobernador Rafael Moreno Valle por cualquier acto de provocación contra los vecinos de la junta auxiliar que se mantiene en resistencia desde que le fue retirado el registro civil.

Presencia de Policía municipal en Canoa fue por cambio de turno de personal

Más tarde, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Alejandro Santizo Méndez detalló que la presencia de los elementos policiacos en Canoa,  fue debido a que realizaron cambio de turno, además de que en su corporación se recibió una llamada de auxilio.

Asimismo, aseguró que también este despliegue se debió a los operativos que está realizando su dependencia por motivo del 12 de diciembre.

El comboy desplegado en Canoa se debió a cambios de turno, así como también porque recibimos una llamada de auxilio. Sin embargo, no fue por alguna otra situación que no fuera relacionado a los operativos que estamos realizando por el 12 de diciembre, sostuvo. 

Añadió que estos operativos de seguridad también se están llevando en gran parte de las juntas auxiliares con el fin de reforzar la seguridad en este día.

Canoa en pie de lucha

El problema político-social que ha afectado a Canoa en estas últimas semana, se suscitó cuando el pasado dos de noviembre se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó a Raúl Pérez Velázquez, alcalde auxiliar de San Miguel Canoa, ante el Juzgado Cuarto de lo Penal por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, por lo que fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla.

Pérez Velázquez fue acusado por un empleado de la empresa Concesiones Integrales, la cual actualmente opera el Soapap. El expediente contra el edil de Canoa nace a raíz de que el 18 de octubre, junto con otras personas, bloqueó el paso a un vehículo de la empresa en el que viajaban el denunciante y otros empleados de la concesionaria encargada del servicio de agua potable en la capital.