Tres proxenetas detenidos, el mismo número de mujeres rescatadas, una de ellas junto con su hijo de meses de nacido, y dos clientes de servicios sexuales en calidad de presentados fue el resultado de un operativo contra la trata de personas con fines de explotación sexual desplegado hoy en Zacatelco, Tlaxcala.
La tarde de este lunes, policías estatales, municipales y judiciales se dirigieron a la Avenida Benito Juárez, en la Primera Sección del Municipio, donde operaba un burdel disfrazado de tortillería y punto de venta de quesadillas.
El local era propiedad de José Buenaventura Germán Flores Meneses, aprehendido junto con Demetrio Rojas Muñoz y Rafael Paredes Meza, por el delito de trata de personas en flagrancia.
Por más de cinco años, usaron el domicilio particular para explotar sexualmente a mujeres oriundas de Tlaxcala y otros estados de la República.
Familias que habitan en las inmediaciones sabían de la existencia del burdel, disimulado con la venta de tortillas de día y quesadillas de noche. Durante una temporada, los implicados, cambiaron los accesos al inmueble.
Flores Meneses prostituía a su pareja sentimental, sin embargo, ella no fue localizada en el lugar al momento del operativo.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que por trabajo de investigación de la Policía Ministerial se ubicó el domicilio donde capturaron a los tres tratantes.
También rescataron a tres mujeres presuntamente obligadas a ejercer la prostitución, quienes fueron canalizadas a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Trata de Personas para la realización de los dictámenes periciales correspondientes. Una de ellas, llevaba a su bebé.
Asimismo, dos hombres fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público para que rindan su declaración con relación al delito que ahora se investiga, toda vez que aceptaron que estaban en el sitio en calidad de clientes de servicios sexuales.
Personal de la PGJE colocó sellos de suspensión en la vivienda, mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala aplicaron sellos de clausura por faltas administrativas, debido a que el inmueble no tenía permisos de funcionamiento y carecía de medidas de seguridad para los clientes.
En el operativo antitrata participaron agentes de la Policía Ministerial, Ministerio Público, peritos y agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Pública, auxiliados por personal de la PGR delegación Tlaxcala y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.