La organización Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (Prodh) exigieron al Poder Judicial de la Federación servir como contrapeso de la llamada #LeyBala, que el pasado 9 de julio dejó a 70 heridos luego de que elementos de la Policía Estatal reprimieran con balas de goma y gases lacrimógenos a habitantes de San Bernardino Chalchihuapan que protestaban en la autopista Puebla-Atlixco.

Asimismo los organismos dieron a conocer que varios ciudadanos poblanos ya presentaron amparos contra la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza impulsada por el gobierno de Rafael Moreno Valle, debido a que consideran viola la libertad de expresión, de protesta social y de libertad de reunión.

De acuerdo con la agencia Notimex,  AI y el Centro Prodh informaron que “cinco Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitieron varios de estos amparos” contra la ley que otorga “facultades discrecionales y arbitrarias a las corporaciones policiacas, violatorias a derechos humanos".

Ambas organizaciones manifestaron su respaldo a este esfuerzo ciudadano y exigieron mayor acción por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado miércoles 9 de julio un grupo de granaderos usaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan que durante más de 4 horas mantuvieron bloqueada la autopista Puebla-Atlixco.

En el operativo resultaron lesionadas 49 personas, 47 policías estatales, el menor José Alberto Tehuatlie Tamayo y uno de los pobladores.

La madre del niño de 13 años, declaró a CENTRAL que su hijo fue lastimado de gravedad por los elementos de la Policía Estatal que participaron en el operativo para disipar a los manifestantes de la Puebla-Atlixco, sin embargo la Secretaría General de Gobierno presiona a la mujer para que se retracte y culpe a los pobladores de Chalchihuapan de ser los responsables de las heridas del joven.

Ante la situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya investiga posibles violaciones a las garantías individuales durante el operativo, según informó la población a La Jornada de Oriente, dato que fue más tarde confirmado por el gobierno del estado.