Jethro Ramssés Sánchez Santana tenía 27 años de edad, era ingeniero electromecánico y había iniciado su propia empresa automotriz. A su edad ya era profesor de la Universidad Politécnica de Morelos, era reconocido, querido, un ejemplo entre sus amigos, por ellos daba la vida, y de hecho eso ocurrió. Jethro defendió a un amigo de una riña ocurrida el primero de mayo de 2011 en la feria de Acapatzingo, en Cuernavaca, policías municipales lo detuvieron.
De Jethro no se supo nada, hasta que el 6 de julio del 2011 cuando fue encontrado muerto en Atlixco, Puebla. Exámenes de ADN y estudios periciales determinaron que los restos pertenecían al joven morelense. La investigación concluyó que había sido desfigurado con ácido y que probablemente había sido enterrado vivo.
El caso de Jethro Ramssés Sánchez resultó emblemático para Amnistía Internacional y fungió como ejemplo en el reporte: “Fuera de Control: Tortura y Otros Maltratos en México”, dado a conocer este lunes.
Por la muerte de Jethro se logró después la detención de tres miembros del Ejército, que en principio negaron tener conocimiento de su detención y de su paradero, pero que ya se encuentran procesados en prisión y en espera de sentencia en Morelos.
De acuerdo con lo publicado por el diario digital SinEmabargo, en 2012, el joven de 26 años fue detenido por defender a un amigo. quien protagonizaba una riña en la feria del pueblo. El amigo y Jethro fueron entregados a elementos de la Policía Federal debido a que se les relacionó con delincuencia organizada.
Los federales a su vez los entregaron a un convoy de aproximadamente 20 militares, ese día los dos fueron llevados al cuartel de la 24 Zona Militar en donde fueron torturados.
Jethro perdió el conocimiento tras horas de tortura, fue declarado muerto minutos después por un médico del cuartel y por órdenes de un coronel, varios militares se llevaron el cuerpo más allá de los límites con Puebla.
Fue semienterrado en un paraje de la zona de Atlixco. A su amigo lo liberaron en medio de la carretera. Según el reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C., estudios forenses elaborados con posterioridad sugieren que Jethro Sánchez pudo haber sido enterrado aún con vida y que le fue rociado ácido.
Los presuntos homicidas, José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero, confesaron haber tirado el cadáver en un paraje de Puebla, donde fue levantado por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría de Justicia de esa entidad
Por el caso de Jehtro en Cuernavaca se hizo una búsqueda exhaustiva, se organizaron marchas y se colocaron carteles. Su familia acudió ante abogados para que les apoyaran y asesoraran para obtener la verdad de lo ocurrido con su hijo. Más de dos meses tardaron en que los testigos comenzaran a hablar y dieran con su cadáver el 6 de julio del 2011.
Las autoridades militares dieron con el cuerpo de Jethro. Su reconocimiento se complicaba por el avanzado estado de descomposición, además de las lesiones que dejó el ácido.
Después de serle practicadas pruebas de ADN para verificar su identidad, el cuerpo fue entregado a familia Sánchez y enterrado el día 14 de agosto de 2011. Por los hechos fueron consignados dos militares que admitieron haber torturado y enterrado clandestinamente a Jehtro.
Además la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió la recomendación por el expediente 165/2011-1, donde se exige investigar los hechos, procesar y sancionar a los responsables, además de que las autoridades del estado de Morelos deben honrar la memoria de Jethro y garantizar la no repetición de las violaciones acontecidas mediante capacitaciones dirigidas a las autoridades del estado.
Por el caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también emitió la recomendación 38/2012 contra la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República.
Caso emblemático
El caso de Jehtro fue destacado por Amnistía Internacional en la presentación de su último reporte, el cual evidencia que la tortura es una práctica común pese a la legislación contra los malos tratos a detenidos e investigados.
La organización no gubernamental señala que de 2006 a la fecha se incrementaron seis veces las denuncias por tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH recibió 7 mil 164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013, unos 2 mil 388 casos de tortura por año reconocidos de manera oficial, aunque ninguna derivó en una condena global.