En México existe una nueva modalidad de trata de personas que consiste en el alquiler de úteros para después vender a los recién nacidos que serán destinados exclusivamente para la explotación sexual, laboral e incluso al tráfico de órganos en el mercado negro, informó en entrevista para CENTRAL la senadora Lucero Saldaña.

Especificó que casos como este han sido detectados en Colima a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), organización priista que ha hecho diversas denuncias.

Debido a la situación, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de la Trata fue adicionado el artículo 28 bis, que establece una sanción de prisión de 4 a 10 años y de 200 a 200 mil días de multa a quien explote a una mujer con el fin de gestar a un niño o niña para que después de nacido sea separado de su madre y se entregue a un tercero y la comisión de dicha conducta la realicen mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder y otras formas de coacción.

También se modificó el artículo 10 que precisa que el matrimonio o embarazo forzados se sancionarán en los términos de los artículos 28 y 28 bis.

En este sentido la ley contempla además penas de cárcel de hasta 45 años a quienes realicen, encubran o sean parte de estas redes, además de que se establecen nuevos tipos penales y sanciones de hasta 10 años de cárcel para el matrimonio forzado (incluso hecho por situación de usos y costumbres) o con engaños que tenga como fin mantener en cautiverio a mujeres que son víctimas de este delito.

En México, según detalló la senadora priista, la trata de personas genera 2 billones de dólares, por lo que el Senado de la República aprobó por unanimidad reformas a la Ley arriba mencionada.

El día previo a la aprobación de la ley, el documento tuvo que ser modificado de último minuto para que se penalizara esta nueva modalidad, donde las madres rentan sus vientres con fines de explotación humana.

Será en el mes de marzo cuando la nueva Ley contra la trata sea discutida en la Cámara de Diputados. Dicho reglamento establece sanciones de 10 a 25 años de prisión de 5 mil a 50 mil días de multa a quienes consigan, capten, enganchen, recluten, entreguen u oculten a personas con el fin de explotarlas.

Según comentó Lucero Saldaña, la reforma permitió el perfeccionamiento de los tipos penales que tienen que ver con la trata de personas, englobó las garantías tuteladas por la ley y permite que las autoridades puedan ejecutarla con mayor rapidez.

Antes había seis garantías tuteladas por la ley contra la trata. Si el ministerio público no encontraba la violación a estas seis garantías no había comisión del delito. Por eso englobamos la ley únicamente para defender la personalidad de las víctimas”, especificó la senadora priista.

La ley identifica que aquellos involucrados en delitos de trata de personas se harán acreedores de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa. Se considera que cometan el delito de trata de personas a aquellos que exploten o se beneficien con prostitución ajena, pornografía, turismo sexual o exhibición pública o privada de carácter sexual.

Las modificaciones, detalló Saldaña permiten que se distribuyan competencias y se promueva la coordinación de las autoridades en materia de protección y asistencia a las víctimas. 

Además se busca la existencia de criterios rectores en la prevención, atención, investigación, procesamiento y sanción para la protección integral de los derechos humanos.