El abogado Alejandro del Castillo Saavedra, responsable de desactivar el movimiento en Chalchihuapan, es un vendedor de luchas sociales. Desde 2003, Del Castillo es identificado por diversos activistas poblanos como un infiltrado del gobierno en casos como el homicidio de la activista Griselda Tirado, en contra de la sociedad de comerciantes del Centro Comercial Zapata y dentro en el Centro Cívico Poblano.

Ayer, CENTRAL publicó que ahora la pareja conformada por Del Castillo y Araceli Bautista, madre del exedil de Chalchihuapan, operan para desactivar el movimiento, lucran con las víctimas del desalojo del 9 de julio y presionaron a Elia Tamayo, madre de José Luis Tlehuatle, para pedir 15 millones de pesos como indemnización por la muerte de su hijo.

Pero el trabajo de Alejandro del Castillo como desactivador de movimientos sociales es añejo: en 2003 desactivó el movimiento que exigía el esclarecimiento del homicidio de la activista Griselda Tirado; en ese mismo año defraudó a la sociedad del Centro Comercial Zapata; en 2004  timó a los locatarios del mercado de San Diego Manzanilla y se incrustó en una de las alas del Frente Cívico Poblano, en 2006.

El modus operandi de Alejandro del Castillo para infiltrarse a los movimientos sociales, consiste en ofrecer asesoría legal gratuita a los afectados, y una vez que gana la confianza de los integrantes, comienza a pedir honorarios por supuestos trámites pendientes en los procesos jurídicos.

A través de dos cartas, Jairo Javier Montes Bautista, el ex edil de San Bernardino Chalchihuapan señaló a Del Castillo por llevar al movimiento al fracaso, manipular a su madre Araceli Bautista y lucrar con el dolor de Elia Tamayo, la madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, quien murió tras ser herido de muerte el 9 de julio del 2014 en el zafarrancho provocado por agentes estatales.

Según la investigación llevada  a cabo por CENTRAL en la comunidad, Alejandro Del Castillo tiene una relación sentimental con Araceli Bautista, con quien ha operado para sepultar el movimiento en Chalchihuapan: filtraron al gobierno la ubicación de quienes organizaron la manifestación del 9 de julio para que fueran detenidos, ofrecen asesoría jurídica a las víctimas a cambio de jugosas compensaciones y presionaron a Elia Tamayo para que pidiera al gobierno morenovallista 15 millones de pesos como indemnización por la muerte de su hijo.

A continuación este periódico digital presenta los movimientos sociales en los que Del Castillo se ha infiltrado desde 2003 para lucrar con los afectados y desaparecer las movilizaciones.

 

Según publicó el periodista Zeus Munive en su columna Crónicas Marxianas, Alejandro del Castillo Saavedra tiene un largo historial como vendedor de movimientos de la izquierda, el periodista detalló que Del Castillo desde el movimiento iniciado a raíz del asesinato de  la luchadora social Griselda Tirado, registrado el 6 de agosto de 2003, fue ubicado como encargado de infiltrarse y dividir el movimiento que pedía justicia al gobierno de Melquiades Morales Flores.

Alejandro del Castillo asumió las negociaciones ante el gobierno de Melquiades Morales Flores por el asesinato de la activista que fuera fundadora de la Organización Independiente Totonaca (OIT). Del Castillo fue nombrado por Manuela, la hermana de Griselda Tirado como único representante legal. Jamás se esclareció el asesinato de la activista.

 

“Alejandro del Castillo es un bribón, un vendemovimientos, un calavera”, asegura Fernando Cuéllar, titular del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga” sobre el abogado que hundió el movimiento que pedía justicia para los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan.

En entrevista para CENTRAL, Fernando Cuéllar, del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga” recordó que el abogado Alejandro del Castillo se integró en el 2002 al Grupo Plural de Izquierda, con otros personajes bien conocidos en Puebla entre ellos Samuel Porras, Susana Wuotto, Jorge Chavez Palma, Samuel Malpica y varios maestros de la BUAP y así se coló entre las tareas de defensa de varios movimientos que a la postre también defraudó.

 A partir de este grupo se inició la defensa de derechos humanos y para esto se creó el Centro “Joel Arriaga”. Para la defensa legal de los casos que tomara el centro se nombraron a abogados como Samuel Porras, Alejandro del Castillo y el propio Fernando Cuéllar quienes coordinarían la institución.

Ya veníamos haciendo trabajo de defensa de derechos humanos. Pero fue hasta que se inició formalmente y se registró que empezamos con el nombre de Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga”. En el grupo también estaba Alejandro del Castillo. En ese entonces fuimos propuestos Samuel Porras, Abelardo Cuéllar, Alejandro del Castillo y tu servidor para fuéramos responsables de este centro y todos los trámites, se escrituró la organización y todo y se empezó a chambear. Pero el primer problema lo tuvimos con Del Castillo porque nos llegó una multa cuando no entregó documentos”, recuerda Cuéllar

Según Cuéllar, Del Castillo siempre ha sido poco ético. Se presenta asegurando que “busca apoyar”, ofrece sus servicios de manera gratuita, pero después a la gente que auxilia le sale más caro, abandona sus casos, pierde juicios a propósito o simplemente no hay avance, precisamente como denunció el edil detenido de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien en dos cartas ha pedido que se deslinden del abogado los integrantes del movimiento que coordinaba para pedir el regreso de los registros civiles a las juntas auxiliares.

Pero además actuaba mal. Jalaba temas y asuntos al centro de derechos humanos y cuando las cosas se ponían pesadas dejaba los temas, los abandonaba y desaparecía, después ya nos enterábamos de sus negocios cuando los representados llegaban conmigo y me decían que había pedido dinero a mi nombre para trámites.”, recuerda Fernando Cuéllar.

 

Uno de los primeros temas por los que Cuéllar se enfrentó con Del Castillo fue un fraude a los locatarios del Centro Comercial Zapata, cuya formación en 2003 fue asesorada por ambos abogados.

Es un bribón, en muchas ocasiones me utilizó a mí para obtener dinero sin que yo me enterara. En el caso de los locatarios del Centro Comercial Zapata nos pasó igual. Me dijeron: 'Ya le mandamos el dinero con Alejandro del Castillo, por las ruedas de prensa y la cita con la Segob'. Vaya, eso ni se cobraba”, recalca Cuéllar.

Después me pidió 20 mil pesos para destrabar asuntos legales de esos locales. El Grupo Plural de Izquierda desapareció y a él se le sacó del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga. Yo he estado trabajado normal desde que él se fue, pero hay muchas evidencias de lo que ha hecho”, relató Cuéllar.

A partir de este conflicto fue que dejó el Grupo Plural de Izquierda, según menciona Cuéllar. Los demás compañeros de la asociación de izquierda plantearon no llamarlo más para colaborar en temas similares.

 

Uno de estos temas que surgieron tras la salida de Del Castillo del Grupo Plural de Izquierda y del Centro de Derechos Humanos “Joel Arriaga”, fue un conflicto en el mercado de San Diego Manzanilla por el cual comenzó a figurar como representante legal Alejandro del Castillo, quien exigía fuertes sumas económicas “para el pago de abogados”.

La gente del mercado me dice un: 'Oiga, vino Alejandro del Castillo nos pidió un cheque a nombre suyo. Por 36 mil pesos'. Aún tengo la referencia y el número de cheque y todo, los puedo mostrar. De hecho llegué y le reclamé porque ni mandé a nadie ni pedí nada”, asegura el titular del centro “Joel Arriaga”.

Cuando lo encaré me aseguró que 'me iba a avisar' porque según necesitaba el dinero. Pero realmente esos 30 mil pesos los gastó en otro tema, un problema legal que tenía con el edificio donde tenía su oficina y del que quería adueñarse”, relató Cuéllar”.

 

Tras el audioescándalo en que se vio involucrado el gobernador Mario Marín Torres por la violación de derechos humanos a la periodista Lydia Cacho, se inició el Frente Cívico Poblano, una organización de ciudadanos que exigían la renuncia del llamado “Góber precioso”.

En este caso poco a poco, por la diversidad de los perfiles que integraban el Frente Cívico, se dividió en dos alas, una de ellas liderada por el abogado Del Castillo. Según trascendió en esas fechas, la división fue operada por el entonces Secretario de Gobernación, Javier López Zavala.

Precisamente uno de los actores que apoyaron en la división del Frente Cívico fue Alejandro del Castillo al enfrentarse con el ala que lideraba el ex rector de la BUAP, Samuel Malpica. El Frente Cívico jamás logró su cometido de derrocar al gobernador Marín.

 

En mayo del 2014, durante un conflicto electoral del Consejo Estudiantil en la preparatoria Benito Juárez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reapareció Del Castillo, según comentó un alumno de la preparatoria que se acercó a este diario digital tras ser publicada la historia sobre el fracaso del movimiento Chalchihuapan provocada por el abogado y Araceli Bautista.

Al similar pasó con el movimiento en la prepa Benito Juárez. El movimiento estaba en un punto delicado, pues los alumnos teníamos pruebas sobre las faltas a los reglamentos en las elecciones del Consejo Universitario. Este abogado Del Castillo nos presentó a los integrantes del ‘Consejo Estudiantil Independiente’ y a partir de ahí empezó a influir en los alumnos. Nosotros seguíamos con las manifestaciones y ellos por mensajes a Facebook nos decían que ya nos detuviéramos y que nos acercáramos a ellos. Mientras tanto Del Castillo ganó la confianza de los profesores, y estos le pidieron asesoría para tramitar demandas por las faltas cometidas”, relata el alumno del que, por cuestiones de seguridad omitimos su nombre.

Entre tanto, Del Castillo dejó ver una cierta cercanía con el Secretario Técnico del Consejo Universitario, decía que se reunía con él constantemente. De ahí, detenía a los profesores con sus demandas, les decía que estaban en proceso, todo lo que los profesores le confiaron lo filtró y alerto a los directivos para que se protegieran”.

Gracias a la información aportada por Del Castillo, el Consejo de Unidad de la preparatoria Benito Juárez blindó a los profesores que habían cometido las faltas durante el proceso de elección de director. Del Castillo se presumió como intermediario entre Rectoría y los alumnos inconformes e incluso acordó reuniones con los muchachos y las autoridades universitarias. Pero, el movimiento jamás cedió y rompió relaciones desde el 20 de mayo con el abogado y los alumnos inconformes se manifestaron contra el rector. “Al rector le fue muy mal en su visita a la prepa y suponemos que le llamaron la atención a Alejandro del Castillo por no haber operado bien”, comentó la fuente entrevistada por CENTRAL.