Los diputados federales del PRI, activistas y organizaciones no gubernamentales, se unieron para exigir la destitución del Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y el General de Gobierno, Luis Maldonado, por su responsabilidad en el operativo que el gobierno de Puebla implementó en Chalchihuapan el pasado 9 de julio y que provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie.

Los legisladores del PRI hicieron la petición desde San Lázaro, en donde presentaron una amplia lista de contradicciones en las que ha incurrido el gobierno de Puebla para intentar exculparse por la muerte del menor.

En tanto, Maité Azuela, de la asociación civil "Dejar de hacerse pendejo AC", Leopoldo Maldonado de "Artículo 19", Daniel Gerhernson de “Al Consumidor AC”, ofrecieron una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en el Distrito Federal, se pronunciaron contra la intentona del gobierno del estado para confundir a la opinión pública y reprobaron que se busque desinformar a los ciudadanos a través de las redes sociales, asimismo exigieron que se fije ya una postura del responsable del operativo, el secretario de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas.

PRI inicia embestida desde San Lázaro

Diputados federales del PRI, encabezados por Carlos Sánchez solicitaron la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, y la del secretario General de Gobierno, Luis Maldonado por su responsabilidad en la muerte del niño José Luis Tehuatlie durante el operativo implementado en Chalchihuapan el pasado 9 de julio.

Exigimos la inmediata separación del cargo del secretario de Seguridad Pública para que las investigaciones se realicen con la mayor transparencia y la comparecencia del Secretario General de Gobierno ante el Congreso local para enfrentar los cuestionamientos de los representantes populares ante los lamentables acontecimientos. Los únicos argumentos oficiales fueron los que manifestó el titular de la SGG en el sentido de que los policías fueron agredidos por los manifestantes con piedras de grueso calibre y las del titular de la SSP quien se limitó a decir que el gobierno estatal no ha comprado balas de goma”. 

Por su parte, Enrique Doger Guerrero pidió la creación de una comisión especial que investigue el caso Chalchihuapan e hizo un recuento del violento operativo implementado por el gobierno estatal para desalojar el bloqueo de la Puebla-Atlixco y evidenció las contradicciones en las que ha incurrido la administración estatal sobre  el caso.

El gobierno de Puebla ha estado preso de sus propias versiones que no convencen a nadie, no alcanzan a definir una sola interpretación de los hechos, respecto al fallecimiento del menor (…) la primera versión oficial fue que se debió a la explosión de un cohetón lanzado por los propios manifestantes, que el gobierno jamás utilizó balas de goma; sin embargo el procurador posteriormente aseguró que la muerte fue debido a una onda expansiva, que el niño estaba en los campos de cultivo; la peor versión se la dio a Radio Fórmula cuando afirmó que el gobierno del estado cree que el fallecimiento del menor pudo haber sido premeditado porque se indaga la posibilidad de que los mismos manifestantes hubieran planeado herir al niño. Ahora establecen que la ausencia de pólvora en la herida del menor obedece a que se la lavaron, el gobernador de Puebla reconoció que la llamada Ley Bala fue elaborada por su secretario General de Gobierno, Luis Maldonado (…) el Ejecutivo pidió ante el Congreso la derogación de la ley, con lo que reconoce que fue una mala idea”.

Activistas y ONG´s exigen que los responsables sean castigados

Daniel Gerherson recalcó que el historial de Facundo Rosas con el gobierno de Felipe Calderón es “elocuente” e insistió que por el caso de la represión a maestros de Ayotzinapa en Guerrero le valió una recomendación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Maité Azuela por su parte señaló que el gobierno de Moreno Valle ha dado vueltas en círculos sin dar con un responsable, ni identificar a los agentes estatales que dieron muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie. Además dijo que al ser Facundo Rodad el titular de Seguridad Pública en el estado, debe responder por la muerte del menor herido por una bala de goma.

Los activistas exigieron al gobierno de Rafael Moreno Valle detenga la situación de violencia y violación de derechos humanos que priva en Puebla.

Es increíble la cantidad de inconsistencias entre lo que dice el procurador Víctor Carrancá y los hechos denunciados por la gente. Otro es el discurso de los medios cómodos a Moreno Valle y otro el de los medios que han seguido el caso Chalchihuapan. (...) Hoy por hoy en Puebla hay un virrey, y se cree el único dueño de Puebla y ese es Rafael Moreno Valle", consideró Daniel Gershenson.

Leopoldo Maldonado demandó al gobierno del estado haga públicos los protocolos bajo los que actuaron sus uniformados y que también el Congreso local antes de parchar la llamada "Ley Bala", defina cuáles son los casos o los reglamentos bajo los que los agentes de seguridad pública no caerían en un exceso del uso de la fuerza.

En la rueda, Misrraim Hernández Fernández del Contingente Puebla dio a conocer la serie de inconsistencias que comete el ombudsman local, Adolfo López Badillo al intentar defender al gobierno de Rafael Moreno Valle.

Respaldado por los activistas, el poblano exhibió los documentos presentados por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en donde en el 2011 se promovió la recomendación número 60 contra Ardelio Vargas Fosado, en ese entonces secretario de Seguridad Pública, y donde se confirmó el uso de balas de goma en contra de vecinos de la comunidad de Ciénega Larga en Chignahuapan.

El activista poblano mostró que en un documento reciente, sin sellos ni nada que lo haga valer como oficial, el órgano dirigido por López Badillo se desdice y corrige la recomendación con el objetivo de no contradecir al gobierno del estado